Según Gestión, un estudio del Consejo Privado de Competitividad (CPC) revela que más de 111 mil inversiones públicas fueron desactivadas durante la primera mitad del año, a pesar de que ya se había ejecutado un monto de S/ 47 mil millones. Estos proyectos, antes de su suspensión, habían registrado avances técnicos y financieros, pero no lograron cerrar su ciclo de implementación. El análisis indica que la mayoría de los casos no alcanzaron una fase física de obra, quedando atrapados en etapas iniciales como la elaboración del expediente técnico. De hecho, el 72,3% de las desactivaciones se produjo en proyectos que no contaban con este documento o cuyo último gasto se registró antes de 2015.
El impacto económico es claro: cuando un proyecto se detiene sin retomar su ejecución, los costos ya incurridos —incluyendo consultorías, estudios de viabilidad y gastos de preinversión— se convierten en pérdidas irreversibles. Álvaro Cubas, economista del CPC, señala que incluso si se alcanzó un 10% o 15% de avance físico, el resultado no se traduce en una obra finalizada, por lo que el dinero invertido no sirve para alcanzar el objetivo público que se proyectó. Este fenómeno se agrava porque, aunque algunos proyectos se reactivan, la mayoría no lo hace, dejando el presupuesto en estado de inactividad.
Lo que complica aún más el escenario es que un 13,1% de las inversiones desactivadas (14.659 casos) se habían declarado viables entre 2023 y 2026, lo que sugiere que existen proyectos evaluados como potenciales, pero que aún así no lograron avanzar. Esto indica una brecha entre la planificación técnica y la ejecución real. La ausencia de un seguimiento riguroso, junto con la falta de mecanismos para reactivar inversiones con avances parciales, perpetúa el riesgo de que los recursos públicos se pierdan en procesos inactivos.
Para los ciudadanos peruanos, este panorama evidencia una vulnerabilidad en el sistema de gestión de obras públicas. Muchas inversiones que deberían mejorar infraestructura, servicios o acceso a comunidades terminan sin materializar, lo que afecta directamente la calidad de vida. Cuando los gobiernos desactivan proyectos sin un plan claro de recuperación, los ciudadanos no solo pierden beneficios, sino que también se ven expuestos a la incertidumbre de cuánto tiempo podría pasar hasta que se reevalúen o se reanuden. El caso de El Niño, en particular, resalta el riesgo de que fenómenos climáticos o condiciones de riesgo no se gestionen con inversiones adecuadas, si el sistema de control de obras se mantiene débil.
La clave para evitar estos desvíos radica en establecer mecanismos de seguimiento rigurosos, en exigir el cumplimiento del expediente técnico y en crear canales claros para reactivar proyectos con avances parciales. Solo así se podrá garantizar que los recursos públicos sirvan para construir, no para quedarse en papel.