Según Gestión, el sector hidrocarburos en Perú enfrenta una contracción sostenida en sus inversiones, con cifras que reflejan una disminución acelerada en los últimos años. En 2025, el gasto total en el sector alcanzó US$ 467.3 millones, lo que representa una reducción del 20.7% respecto a los US$ 525 millones registrados en 2024. Si se compara con los US$ 1,800 millones invertidos en 2012, las cifras actuales se sitúan en menos de un tercio de ese monto. En el primer trimestre de 2026, el gasto descendió a solo US$ 72 millones, una caída del 27.6% frente a los tres primeros meses del año anterior, según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Esta tendencia se traduce en una disminución continua de la producción de petróleo y gas, la ausencia de nuevos pozos exploratorios y un creciente apoyo a importaciones de derivados, que se ven afectadas por su alto costo. El riesgo de desabastecimiento ya se materializó en marzo del año pasado, mostrando el impacto directo de esta situación.
La presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la SNMPE, María Julia Aybar, señaló que las condiciones actuales son alarmantes. Identificó como principal causa la transformación de las reglas del mercado, especialmente en lo que respecta a los procesos de concesión para la exploración. Hoy, obtener autorización para perforar un pozo puede tardar entre seis y siete años, un plazo que en el pasado era significativamente más corto. En 1993, tras la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el sector contaba con un marco regulatorio centralizado bajo el Ministerio de Energía y Minas (Minem), lo que permitió establecer un entorno competitivo atractivo para inversiones. Esa estructura, aunque modificada, dejó de ser eficiente en términos de agilidad y claridad en la asignación de permisos. El resultado es un entorno que desincentiva a nuevos actores, tanto nacionales como extranjeros, a comprometerse con proyectos de larga duración.
Para el lector peruano, esta realidad implica una mayor vulnerabilidad en el suministro energético. A medida que el país depende más de importaciones, los precios internos de combustibles podrían volverse más elevados, afectando directamente el costo de vida. Además, la falta de nuevos pozos exploratorios pone en riesgo el crecimiento futuro de la capacidad productiva, lo que puede obstaculizar el desarrollo económico en sectores clave como la industria y el transporte. La necesidad de reformular el régimen de concesiones y de acelerar procesos de evaluación se vuelve crítica, no solo para mantener la estabilidad energética, sino para garantizar que el país pueda competir en el escenario internacional de producción y desarrollo sostenible. Sin una intervención estratégica, el sector podría seguir en una fase de estancamiento, con consecuencias ampliadas en el mercado interno y en la economía en general.