Segun Gestión, el crecimiento económico del Perú se posiciona en un 3.4% este año, cifra que refleja una expectativa de expansión moderada pero sostenible. Este escenario se construye sobre la necesidad de fortalecer el entorno de inversión, donde la confianza se convierte en el eje central. Un grupo de expertos, incluyendo a Mercedes Araoz, exministra de Economía y Finanzas, Iván Zárate de Fondos SURA, Gonzalo Ruiz de Macroconsult y Jorge Zapata de Confiep, participaron en un diálogo organizado por Gestión en colaboración con SURA Investments. El debate giró en torno a cómo las decisiones políticas y regulatorias pueden influir en el comportamiento de los inversionistas, especialmente en un contexto marcado por desafíos internos y externos.
El análisis evidencia que la inversión no se limita a grandes proyectos de infraestructura, sino que abarca también el manejo de activos y la diversificación de portafolios. Estos elementos son esenciales tanto para empresas grandes como para micro y medianas. La seguridad jurídica emerge como un pilar ineludible. Araoz resalta que el nuevo gobierno debe garantizar el respeto a la Constitución como base para cualquier política económica. Aspectos clave como el trato nacional a las empresas, la cumplimiento de contratos y el debido proceso en casos de expropiación deben ser asegurados por el sistema legal. Estas disposiciones ya están contempladas en la legislación, pero su efectividad depende de su aplicación constante.
Zapata aporta una perspectiva más amplia, señalando que la calidad del Estado es un factor crítico. Las barreras que surgen no siempre están en las normas, sino en la conducta de funcionarios específicos. Este tipo de obstáculos afecta la percepción de estabilidad, especialmente para inversores que buscan entornos predecibles. Una mejora en la gestión pública, en términos de transparencia y profesionalismo, es necesaria para consolidar la confianza. Esta dinámica no solo impacta a grandes corporaciones, sino también a pymes que dependen de un marco legal claro para desarrollar sus operaciones.
Para los peruanos que actúan en el ámbito de inversiones, este panorama implica que el crecimiento económico no depende únicamente de políticas fiscales o deuda pública, sino de la cohesión entre normas y su ejecución en el día a día. La estabilidad no se construye solo en documentos, sino en la constancia de sus aplicaciones. Los inversionistas, ya sean particulares o institucionales, deben evaluar no solo los números, sino también la consistencia de las instituciones que regulan el mercado. Un entorno jurídico predecible y respetuoso de los contratos puede convertirse en el motor de una economía más resiliente y abierta.