Según Gestión, entre 2023 y 2025, los 20 municipios más ricos del Perú dejaron sin utilizar más de 1.000 millones de soles anuales provenientes del rubro 18: canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Este sector, clave para financiar infraestructura y servicios públicos, registra una ejecución presupuestaria insuficiente, con más de 30 millones de soles por cada 100 asignados que no se destinan a proyectos. En 2023, el primer año de gestión municipal, se dispuso un monto de 3.883,3 millones de soles, de los cuales se ejecutó solo el 63,7%. En 2024, con 3.827,6 millones disponibles, el porcentaje de ejecución aumentó a 71,5%. El año pasado, ante un total de 4.020,2 millones, se alcanzó el 74,8%. A pesar de esta progresión, el desfase persiste: más de un tercio del financiamiento no se convierte en inversión real.
Los municipios más deficientes en el uso de sus recursos han sido Ica y Áncash, especialmente en el área de San Marcos. En 2023, Ica solo ejecutó el 28,9% de su asignación de 129,3 millones de soles, mientras que San Marcos alcanzó solo el 34,4% del mismo monto. En 2024, el escenario se acentuó: Ica, a través de Vista Alegre, redujo su ejecución a 39,2% sobre 151,3 millones, y San Marcos repitió el patrón con un 43,3% sobre 728,1 millones. En 2025, municipios como Marcona, Pisco, Santa-Chimbote, Yarabamba y Ilo registraron tasas de ejecución por debajo del 70%. El caso más destacado fue Marcona, en Ica: de los 286 millones asignados, solo se ejecutaron 37,2%. Este nivel de inactividad genera una brecha entre los recursos disponibles y las necesidades reales de infraestructura, salud y educación.
Este panorama se replica en un contexto de precios elevados de metales, que han incrementado las transferencias del canon y regalías a las empresas mineras. Aunque los municipios tienen acceso a estos fondos, la falta de mecanismos claros de gestión, seguimiento y priorización de proyectos dificulta que se traduzcan en obras concretas. El 2026, como último tramo de gestión municipal antes de las elecciones del 4 de octubre, podría ser un año de mayor impulso. Sin embargo, los datos actuales indican que el entusiasmo no se traduce automáticamente en acción.
Para los ciudadanos peruanos, especialmente en zonas rurales y de alto potencial económico, este desfase significa que proyectos clave —como mejoras en transporte, saneamiento o acceso a servicios básicos— se ven retrasados. Si los municipios no implementan sistemas de control, transparencia y evaluación de resultados, los recursos públicos seguirán siendo un depósito inactivo, no un motor de desarrollo. La urgencia es que las nuevas autoridades, elegidas en octubre, no solo asuman el poder, sino que lo utilicen para cerrar esta brecha.