Según Gestión, la inversión en el sector minero peruano alcanzó US$ 4,177 millones entre enero y julio de 2026, lo que representa un aumento del 45% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta expansión se observa en todos los componentes del sector, aunque no todos han registrado una aceleración similar. En particular, el gasto en exploración se mantuvo estable, con US$ 412 millones en el primer semestre, lo cual representa un incremento de solo 2.8% frente al año pasado. Este rubro, que ahora constituye el 10% del total de inversiones, era anteriormente el 14% de la cartera.
El crecimiento moderado en este área se explica principalmente por el gasto de empresas líderes: Zafranal, con US$ 57 millones; Poderosa, con US$ 46 millones; y Antamina, con US$ 21 millones. Estos tres actores contribuyeron en un 30.1% del total de gastos en exploración. Sin embargo, a pesar de ese desembolso, el número de unidades mineras dedicadas a esta actividad ha disminuido. En julio de 2026, el total de unidades en exploración se redujo a 396, frente a 418 en el mismo mes del año anterior.
La superficie total de búsqueda también ha disminuido: las operaciones actuales abarcan 286,878 hectáreas, lo que representa una reducción del 14.97% respecto a las 337,401 hectáreas que se exploraban en julio de 2025. Paralelamente, el número de unidades que extraen mineral ha aumentado, pasando de 733 a 796 en un año, lo que implica una ampliación del 6.25% en la superficie de extracción.
Además, la cartera de proyectos de exploración se ha reorganizado: en julio de 2026, el sector cuenta con 69 iniciativas por un monto total de US$ 757 millones, frente a 84 proyectos por US$ 1,039.2 millones en julio de 2025. Esta reducción de proyectos y de inversión total sugiere una reevaluación estratégica del sector, posiblemente en respuesta a riesgos asociados a la minería ilegal o a la sostenibilidad de nuevos desarrollos.
Para el lector peruano, este panorama revela una industria en transición. Aunque la inversión total crece, el enfoque se está desplazando de la exploración hacia la extracción, lo que podría generar presión sobre recursos naturales y áreas rurales. La reducción de proyectos y áreas de búsqueda indica una mayor concentración de esfuerzos en zonas ya definidas, lo que podría afectar la diversificación geográfica del sector. Este cambio también pone en evidencia la necesidad de políticas públicas que equilibren crecimiento económico, protección ambiental y seguridad social en comunidades vecinas a las zonas mineras.