Segun Gestión, desde 2023 se ha observado una reducción notable en el número de empresas que presentan concursos para proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), a pesar de que los montos adjudicados han crecido sustancialmente. El Informe de Evaluación Institucional revela que, en 2023, promediaron cinco postores por proyecto; en 2024, esta cifra cayó a 3,2; y en 2025, apenas alcanzó los tres postores. Este descenso contrasta con el aumento de las adjudicaciones: en 2023, los montos alcanzaron los 2.332 millones de dólares, superando los 96 millones registrados durante la pandemia (2020-2022). En 2024, el valor se elevó a 8.956 millones de dólares, el segundo mayor de la historia, solo por debajo del récord de 2014 (9.986 millones). En 2025, se mantuvo un nivel alto, con 4.757 millones de dólares adjudicados.
La especialista Jaime Li de TYTL Abogados señala que el cambio en la estructura de los proyectos explica esta tendencia. En 2023 y 2024, se adjudicaron obras desbloqueadas de diversos tamaños, lo que generó confianza y participación. Sin embargo, desde entonces, han quedado en el campo de los "zombies" —proyectos de gran escala, con niveles elevados de riesgo— que, por su complejidad y volatilidad, no atraen a los operadores del mercado. Esta selección de proyectos más arriesgados ha generado una disminución en el interés de los postores, quienes buscan equilibrio entre riesgo y retorno.
Para el lector peruano, este escenario plantea una paradoja: mientras el Estado avanza en la expansión de infraestructura, el mercado privado se muestra cada vez menos activo. Esto podría afectar la velocidad de ejecución de obras críticas, como transporte, energía o servicios públicos, y retrasar la transformación de las zonas rurales y urbanas. Además, si los proyectos más grandes siguen sin ser ejecutados, podría generarse una acumulación de proyectos inactivos, lo que impacta en el presupuesto público y en la confianza de inversores.
El problema no radica en la falta de oportunidades, sino en cómo se presentan. Si el sistema no prioriza proyectos de tamaño mediano o con perfil más estable, se perpetuará el desinterés del sector privado. Para revertirlo, sería necesario reevaluar la selección de obras, fomentar la transparencia en el proceso de adjudicación y ofrecer mecanismos que reduzcan el riesgo para los participantes. Solo así, se podrá reactivar el flujo de inversiones y asegurar que las obras que se construyen realmente respondan a las necesidades del país.