Según Gestión, el 85% de los peruanos evita salir de noche por temor a delitos, como robos y asaltos, que continúan escalando en frecuencia. Estos eventos ya no se limitan a espacios públicos, sino que se registran también en entornos privados, como establecimientos comerciales y servicios. Un caso reciente ocurrió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde un empleado fue despedido tras una denuncia por realizar una transferencia de 300 soles desde el celular de una pasajera. Este incidente evidencia una creciente preocupación sobre la gestión de riesgos laborales y la responsabilidad que las empresas asumen ante conductas de sus trabajadores.
El artículo 1981 del Código Civil establece que quien tiene a otra persona bajo su autoridad debe responder por daños causados por esa persona mientras cumple funciones o presta servicios. Sin embargo, no basta con que el individuo esté registrado en una empresa o esté laborando en el momento del hecho. Es esencial verificar si existía una relación de dependencia y si el acto ilícito estuvo ligado a las tareas asignadas. Si el trabajador actuaba fuera de su jornada laboral, sin cumplir funciones asignadas y sin usar recursos de su cargo, la responsabilidad empresarial se debilita. En tales casos, el hecho puede ser calificado como privado, no profesional, y por tanto, fuera del alcance de la obligación legal de la empresa.
El abogado penalista Luis Gutiérrez resalta que la presencia en planilla no implica automáticamente responsabilidad penal o civil. La empresa solo puede ser considerada responsable cuando el delito se comete en el ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de autoridad que le fue otorgado. Esto implica que el análisis debe centrarse en el contexto laboral: ¿estaba el trabajador cumpliendo su rol? ¿Utilizó herramientas o accesos que le corresponden por su puesto? Si la acción fue independiente y no relacionada con su trabajo, la empresa no asume responsabilidad.
Para el lector peruano, este panorama revela una realidad compleja: aunque la inseguridad crece, las estructuras laborales no siempre están preparadas para enfrentar escenarios de conducta irregular. Muchos trabajadores, especialmente en sectores informales, no cuentan con protección clara ni mecanismos de supervisión. Esto genera un vacío legal que, si no se aborda, puede perpetuar una cultura de vulnerabilidad. Los ciudadanos deben estar alertas, pero también demandar que las empresas implementen políticas de seguridad y formación ética. Solo así se podrá construir un entorno donde la labor y la convivencia sean más seguras, no solo para los empleados, sino para todos los ciudadanos que navegan diariamente por sus comunidades.