Segun Forbes Business, una creadora de Instagram que se especializa en burlas hacia el vicepresidente J.D. Vance ha presentado una demanda contra el gobierno de Trump, argumentando que su derecho a la libertad de expresión fue vulnerado al ser rechazada de eventos en los que el funcionario participa. La acción legal, iniciada por la Unión de Derechos Civiles, apunta contra el equipo presidencial, el Servicio Secreto y el director del equipo de asistencia presidencial. Amanda McGonigle, responsable del perfil @catsonacouch, sostiene que fue impedida de acceder a una conferencia en Maine en mayo, donde Vance estaba presente. Según su testimonio, cinco agentes del Servicio Secreto la detuvieron en la fila, justificando el acceso como “evento privado” y “sabemos dónde estás”. Posteriormente, también reporta que se le rechazó una participación en un evento en Iowa, a pesar de haber registrado su asistencia, sin recibir confirmación posterior.
La cuenta de McGonigle, que se describe como “un perfil de gatito pequeño”, tiene 1.9 millones de seguidores, cifra que aún queda por debajo de los 2.9 millones de seguidadores que posee Vance. En una publicación de mayo, ella afirmó que “alguien en esta administración va a aprender lo que ocurre cuando se molesta a una pequeña influencer con estilo dramático”. Su argumento clave radica en que, aunque el Servicio Secreto la informó que el evento en Maine era privado, todos los elementos disponibles indican que se trataba de un encuentro público: recibió una confirmación directa del equipo de Vance y los materiales del evento incluían el sello de la Casa Blanca. En su opinión, si el evento era público, su exclusión por motivos de “rechazo a la crítica” viola el primer derecho; si era privado, entonces el uso de fondos públicos para crear un espacio exclusivo para Vance representa una irregularidad.
Para el lector peruano, este caso resalta la tensión entre el ejercicio de la libertad de expresión y las políticas de exclusión en eventos gubernativos. Aunque el escenario es estadounidense, los principios de derecho a expresarse sin barreras son universales. En Perú, donde las plataformas digitales han permitido que personas con voz menor a la política se expresen, este tipo de acciones pueden inspirar reflexión sobre cómo se gestionan las interacciones entre autoridades y ciudadanos en espacios públicos. Aunque los mecanismos de regulación son distintos, el hecho de que una persona por su perfil digital sea rechazada de un evento gubernativo, sin explicación clara, puede generar dudas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos. El caso de McGonigle no solo cuestiona los límites del poder ejecutivo, sino que también invita a considerar cómo las redes sociales han transformado el rol de la crítica política, y cuál debe ser el espacio seguro para expresar opiniones, incluso cuando sean irónicas o desafiantes.