Segun Forbes Business, en 2026 el índice de inflación general en Irán alcanzó el 88,6 por ciento, mientras que un trabajador iraní recibió en promedio 160 millones de rials mensuales, equivalente a unos 116 dólares. Este escenario se agrava por escasez de productos básicos, cortes de energía y un deterioro creciente en el poder adquisitivo de la población. De las 92 millones de personas que componen el país, entre 32 y 40 millones viven por debajo del umbral de pobreza absoluta. La subida de precios en alimentos es una de las más elevadas del mundo, lo que afecta directamente a familias que dependen de ingresos mínimos. Las consecuencias de conflictos internos, sanciones internacionales y la sequía más severa en cuatro décadas han profundizado esta crisis, especialmente entre los sectores más vulnerables.
A pesar de esta situación, los líderes del régimen han mantenido una postura de humildad pública. El fallecido líder iraní Ayatollah Ali Khamenei, por ejemplo, declaró formalmente posesiones valoradas en 50.000 dólares y afirmó que su estilo de vida era “por debajo del promedio”. Sin embargo, este perfil de sencillez se contradice con el control que ejerció sobre instituciones estatales clave. Su riqueza no proviene únicamente de activos personales, sino de su posición estratégica dentro del sistema económico nacional. Al igual que otros líderes históricos como Josef Stalin, su poder y riqueza están íntimamente vinculados al dominio del Estado. Esto significa que sus ganancias no se derivan de empresas privadas o cuentas offshore, sino del acceso privilegiado a recursos públicos, como infraestructuras, servicios y políticas económicas.
En el ámbito privado, Khamenei también gestionó una red financiera que incluía propiedades de lujo en España y el Reino Unido, entre ellas resorts y campos de golf en Mallorca. Esta expansión de bienes privados no es un caso aislado, sino parte de un modelo en el que el control estatal se convierte en una fuente de riqueza sostenida. En este sentido, la riqueza del régimen no se mide solo por lo que posee individualmente, sino por el grado de influencia que ejerce sobre el sistema económico.
Para los lectores peruanos, este escenario ofrece una reflexión crítica sobre la distribución de la riqueza. Aunque nuestro país enfrenta desafíos de inflación y desigualdad, el modelo de poder y riqueza en Irán muestra que la concentración de recursos no siempre se traduce en políticas inclusivas. En Perú, donde las políticas públicas han sido históricamente influenciadas por intereses privados, es fundamental evaluar si los mecanismos de regulación y transparencia permiten que el crecimiento económico se distribuya de manera más equitativa. La experiencia iraní sirve como advertencia: cuando el poder político está íntimamente ligado al control económico, las políticas de bienestar se ven amenazadas.