Segun Gestión, una investigación del Observatorio de Plataformas Perú, en colaboración con Ipsos y Aspec, revela cómo las aplicaciones de transporte han reconfigurado su modelo de servicio, integrando servicios de entrega de paquetes bajo un marco informal. En Lima, usuarios se convierten de pasajeros en entregadores, moviéndose por avenidas con motores lineales, mientras las plataformas operan sin protocolos claros para garantizar seguridad física. Este fenómeno, denominado distorsión por expertos, se manifiesta en un sistema donde el costo de servicio se reduce para atraer demanda, pero sin respaldos técnicos que protejan a los ciudadanos.
El estudio evidencia que los conductores, al ser habilitados para servicios de paquetería, acuerdan de forma tácita una tarifa más baja a cambio de mayor disponibilidad. Aunque no se trata de una violación estructural de las condiciones de uso, sí refleja una debilidad en los mecanismos internos de control. Alejandra Dinegro, directora del Observatorio, señala que este comportamiento no es un error aislado, sino una brecha sistémica en la capacidad de las plataformas para detectar, prevenir y corregir conductas riesgosas. Los protocolos de prevención no están integrados de forma efectiva, lo que permite que escenarios de riesgo se materialicen sin intervención oportuna.
La ausencia de un “enforcement” tecnológico —es decir, herramientas automatizadas que identifiquen y disuadan prácticas inapropiadas— representa un fallo crítico. En este contexto, una parte significativa de los ingresos se desvía del sistema formal. Los usuarios pagan, pero la plataforma no recibe la totalidad de esa suma. Este flujo oculto genera una fuga de recursos que afecta directamente la sostenibilidad del modelo. Además, las ofertas de precios bajos en el mercado de entregas generan competencia desleal frente a servicios regulados, lo que distorsiona el equilibrio de precios y afecta la calidad del servicio en general.
Para el lector peruano, este panorama es especialmente relevante. En un entorno donde el transporte urbano enfrenta congestión y escasez de infraestructura, la dependencia de plataformas digitales puede acelerar la desigualdad. Los usuarios, especialmente en zonas periféricas, se ven expuestos a riesgos por la falta de regulación clara. Aunque estas apps ofrecen comodidad, su modelo actual no garantiza seguridad ni estabilidad. Los ciudadanos deben estar informados sobre cómo funcionan los acuerdos informales que subyacen a sus servicios, y exigir mayor transparencia. La exigencia de mecanismos tecnológicos de vigilancia y control no solo protege a los usuarios, sino que también fortalece la confianza en el sistema de movilidad urbana. En un país donde el acceso al transporte es clave para la movilidad económica, el equilibrio entre eficiencia y seguridad debe ser prioridad.