Segun Gestión, el uso de inteligencia artificial en procedimientos sancionadores por parte de entidades públicas en Perú ha generado un debate jurídico clave. El Informe N.° D000006-2026-PCM-SSPRD-AST, emitido por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital del Consejo de Ministros, concluye que, en la actualidad, no existe una ley que autorice expresamente el empleo de herramientas de IA en sanciones administrativas. Aunque el documento no prohíbe su uso como herramienta de apoyo en funciones administrativas, deja en claro que el marco normativo vigente no contempla un régimen legal específico para su implementación en procesos sancionadores. Esta ausencia legal genera incertidumbre sobre el alcance y los límites del uso de estas tecnologías en decisiones que afectan directamente a empresas y consumidores.
La discusión se intensifica cuando se considera el rol del Indecopi, la entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores. A pesar de que el organismo ha reconocido públicamente el uso de inteligencia artificial en ciertos procesos, como el análisis de denuncias o la gestión de informes, ha rechazado comentar el informe de la Secretaría de Gobierno. En una declaración oficial, el organismo indicó que dicho documento responde a una consulta particular y no refleja una postura institucional. De hecho, afirmó que la evaluación del uso de IA en sus operaciones corresponde al medio de comunicación, no a la entidad. Esta postura sugiere una cautela institucional frente a la posibilidad de que tecnologías automatizadas tomen decisiones que afecten la legitimidad de sanciones.
Para el lector peruano, este escenario plantea una serie de consideraciones prácticas. En un contexto donde las empresas y consumidores dependen de entidades como el Indecopi para resolver conflictos, la implementación de IA debe ser acompañada de transparencia y controles humanos. Si bien las herramientas de inteligencia artificial pueden acelerar procesos y reducir errores humanos, su uso en sanciones implica riesgos: la posibilidad de sesgos algorítmicos, la falta de explicabilidad en decisiones y la pérdida de un derecho fundamental: el acceso a una evaluación humana y justa. En un mercado donde la confianza en las instituciones es esencial, cualquier aplicación de tecnología debe garantizar que los principios de equidad, claridad y responsabilidad no se vean comprometidos. El debate no solo es técnico, sino ético: ¿quién debe ser responsable cuando una máquina decide sancionar a una empresa? Para el peruano, la respuesta debe estar en manos de instituciones que prioricen la integridad y la participación ciudadana.