Segun Gestión, el Poder Judicial declaró infundada en primera instancia la demanda constitucional presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP) contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La empresa formuló la acción en abril de 2025, tras la publicación de un estudio técnico del organismo regulatorio que concluyó la ausencia de condiciones de competencia en cuatro mercados clave relacionados con el manejo de naves portacontenedores y el flujo de carga en el puerto de Chancay. Este hallazgo permitió que Ositrán, el organismo supervisor de inversión en infraestructura de transporte, avance con la regulación de tarifas en el espacio. La institución argumenta que, en ausencia de competencia, debe aplicar los mecanismos de control que ya vigencia en el puerto de Callao.
La resolución N.° 9 del Juzgado Civil de Chancay, bajo la Corte Superior de Huaura, confirmó que las acciones del Indecopi —especificamente los oficios N.° 047 y N.° 049-2025/DLC-Indecopi y el Informe Técnico N.° 015-2025-DLC/Indecopi— están dentro del alcance legal previsto por la normativa. Este reconocimiento excluye cualquier vulneración de derechos contractuales por parte del organismo, desestimando argumentos sobre desviación de poder o falta de base jurídica. La evaluación se centró en cuatro servicios: el embarque y descarga de contenedores llenos, el servicio a la nave que abarca amarres y desamarres, un paquete combinado que integra atención a embarcaciones y manejo de contenedores vacíos, y otro que incluye el servicio a la nave junto con el transbordo técnico de contenedores.
Para el lector peruano, este caso representa un punto de inflexión en la regulación de puertos estratégicos. Mientras que los mercados de transporte marítimo siguen siendo fundamentales para el comercio interno y externo del país, la ausencia de competencia en zonas como Chancay puede generar desigualdades en el acceso a servicios. Si bien el estudio del Indecopi no implica una sanción directa, sí abre espacio a que las tarifas sean revisadas con base en criterios técnicos y de mercado. Esto es clave para mantener precios justos y evitar que las empresas dominantes impongan costos excesivos. En un contexto donde el comercio de contenedores crece y la demanda de infraestructura se eleva, el caso de Chancay sirve como ejemplo de cómo el control regulatorio debe adaptarse a los nuevos escenarios logísticos del país. Los interesados en inversiones en transporte o en la cadena de suministro deberán tener en cuenta que las decisiones de regulación pueden influir directamente en sus costos operativos.