Según Gestión, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó un informe preliminar que identifica vulnerabilidades estructurales en el suministro de combustibles líquidos en el Perú. El documento, elaborado por la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, destaca que la disponibilidad de infraestructura de almacenamiento y la eficacia de las políticas regulatorias son factores críticos que influyen directamente en la estabilidad del mercado. En este escenario, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) son los productos más afectados, debido a una falta de capacidad logística para mantener niveles de inventario suficientes.
El análisis revela que en 2025 se realizaron 89.040 barriles diarios de importaciones, distribuidos en 56% de diésel, 24% de GLP y 9% de gasolinas. Aunque los ingresos internacionales cubren parte de la demanda nacional, los niveles de abastecimiento no son homogéneos: el diésel fue abastecido por el 65% de la demanda, mientras que el GLP dependió del 46% de las importaciones. Esta dependencia refleja una brecha en la capacidad de producción local y una concentración del control logístico en pocas entidades.
A diciembre de 2025, tres operadores dominan el 76% de la capacidad total de almacenamiento de derivados: Terminales del Perú, Petroperú y Valero Perú. El total de capacidad operativa alcanzó 8.47 millones de barriles. Esta concentración plantea riesgos de inestabilidad, ya que un solo evento de interrupción o falta de coordinación podría afectar el suministro a nivel nacional. Además, el informe señala que las políticas actuales no están alineadas para garantizar un acceso equitativo a los sistemas de almacenamiento, lo que favorece la posibilidad de acaparamiento y especulación.
Para el lector peruano, este panorama representa una realidad directa en su cotidianeidad. Los precios elevados de combustibles, especialmente en momentos de escasez, no solo afectan el bolsillo de los ciudadanos, sino que también generan incertidumbre en el funcionamiento de sectores clave como el transporte, la industria y el comercio. Si el sistema de almacenamiento y distribución no se reorganiza con transparencia y equidad, el riesgo de que las empresas dominantes manipulen los precios aumentará. Es fundamental que las autoridades monitoreen no solo los precios, sino también las dinámicas de acceso a infraestructura crítica. La intervención del Indecopi, en este sentido, no es solo una acción técnica, sino una herramienta de protección del interés general frente a prácticas que podrían afectar la estabilidad económica de la población.