Según Gestión, una resolución del Tribunal de Indecopi establece que ciertos aspectos del proceso académico, como el contenido de exámenes, la metodología de enseñanza o la retroalimentación a estudiantes, no están sujetos a revisión por esa autoridad. La decisión se basa en una denuncia presentada por una estudiante que señaló múltiples irregularidades en su experiencia universitaria. Entre ellas, mencionó que el docente incluyó en un examen temas no abordados en clase, no supervisó adecuadamente las evaluaciones, devolvió una práctica calificada con retraso y expresó comentarios que consideró ofensivos. Además, alegó que sus solicitudes durante el ciclo académico no fueron atendidas a tiempo, y que el profesor no brindó suficiente apoyo en el avance de su tesina.
La Sala Especializada en Protección al Consumidor examinó si estas acciones constituyen incumplimientos del servicio educativo o si pertenecen al ámbito de autonomía universitaria. Al evaluar los hechos, concluyó que decisiones como el diseño del contenido curricular, el desarrollo de temas, la forma de evaluar o la retroalimentación a estudiantes son parte de la autonomía institucional. Por ello, estas acciones no caen bajo la competencia de Indecopi, que se enfoca principalmente en productos y servicios comerciales, no en la gestión interna de las universidades. La decisión resalta que el derecho a una enseñanza de calidad no se mide únicamente por la conformidad con normas externas, sino por el ejercicio de la libertad académica.
Para el lector peruano, este fallo implica una clara distinción entre el mercado de bienes y servicios y el espacio de formación universitaria. Muchas instituciones públicas y privadas enfrentan presiones para ajustar sus planes de estudio o evaluaciones a estándares comerciales. Este caso indica que, aunque los estudiantes tienen derecho a una experiencia educativa digna, no pueden reclamar ante autoridades como Indecopi por decisiones pedagógicas que forman parte de la esencia del trabajo universitario. El hecho de que el contenido de clases o el estilo de enseñanza no sean revisables por organismos de control sugiere que la calidad educativa debe evaluarse desde dentro de las universidades, mediante mecanismos internos de mejora, no por intervenciones externas. Esto puede incentivar a las instituciones a fortalecer sus procesos de retroalimentación y transparencia, para que los estudiantes sientan que su experiencia está siendo verdaderamente escuchada. En un contexto donde el acceso a la educación es clave, este equilibrio entre autonomía y responsabilidad podría ser un punto de referencia para futuras políticas educativas en el país.