Segun Gestión, a cinco años de que entrara en vigencia el régimen general de control previo de concentraciones empresariales en el Perú, solo seis de las cien operaciones evaluadas por el Indecopi obtuvieron aprobación con condiciones tras avanzar a la Fase 2. El análisis realizado por Garrigues, en colaboración con el Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, recoge 112 solicitudes presentadas hasta agosto de 2026. De estas, 100 fueron admitidas: 88 recibieron aprobación en la Fase 1, seis fueron validadas en Fase 2 bajo condiciones, cinco permanecen en trámite en la primera fase y una fue rechazada. Las medidas aplicadas han variado desde obligaciones conductuales hasta decisiones que requieren desinversión o cesión de activos.
Los tipos de remedios utilizados se dividen en conductuales, semiestructurales y estructurales. Los primeros establecen qué acciones deben o no realizarse por las empresas involucradas. Los segundos permiten la disposición temporal de activos, como se evidencia en el caso de Pharmaceutica Euroandina y Hersil, donde se impuso el licenciamiento de marcas a competidores durante cinco años, junto con restricciones conductuales. Los remedios estructurales, más severos, incluyen desinversiones, ventas de activos o transferencias de derechos. En el caso de la adquisición de Terpel Perú por la Corporación Primax, el Indecopi exigió la desinversión de cuatro estaciones de servicio ubicadas en Chorrillos, San Miguel, entre otras zonas.
Este marco regulatorio busca prevenir concentraciones que puedan afectar la competencia en sectores críticos, como el de combustibles. Para el consumidor peruano, estas decisiones significan que las operaciones que involucran cambios en el mercado de combustibles no solo son revisadas, sino que pueden ser sometidas a condiciones que garantizan que no se reduzcan las opciones de precios o disponibilidad. Aunque el proceso puede parecer técnico, su impacto es directo: los precios, la calidad y la accesibilidad de productos básicos podrían verse influenciados por estas restricciones. Además, al exigir que empresas ceden activos o modifiquen sus prácticas, el sistema busca mantener un equilibrio entre el crecimiento empresarial y la protección de la competencia.
En un contexto donde el mercado de combustibles enfrenta presiones por precios y disponibilidad, este enfoque de regulación puede ser una herramienta clave para evitar monopolios y mantener la oferta diversa. Para los ciudadanos, ello implica mayor transparencia en los procesos de adquisición de empresas, y una mayor seguridad en que los mercados no se concentren en manos de pocas firmas.