Segun Gestión, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha reforzado su criterio sobre la carga probatoria que deben afrontar los bancos en casos de fraudes digitales, particularmente en contratos hipotecarios. En este escenario, se analiza el alcance de su intervención frente a cláusulas que, aunque incorporadas en contratos de adhesión, podrían ser percibidas como abusivas por el cliente. Un caso específico involucra una asociación de consumidores que denunció a un banco por incluir en contratos hipotecarios —como Nuevo Crédito MiVivienda, tradicional, constructor y Techo Propio— una cláusula que obliga al cliente a asumir todos los gastos y tributos derivados del crédito. El denunciante argumenta que dichos costos, por su naturaleza, deberían ser compartidos, y que su inclusión en contratos sin posibilidad de negociación representa una práctica potencialmente desequilibrada.
Indecopi no se centró en determinar si la cláusula era abusiva, sino en evaluar si tenía legitimidad para intervenir. Al examinar los contratos, la entidad identificó que habían sido previamente aprobados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), lo que implica que ya habían sido revisados por el regulador financiero en términos generales. Dado ese paso previo, Indecopi concluyó que no puede ejercer una evaluación administrativa sobre la validez de esas cláusulas. Cualquier cuestionamiento sobre su contenido o equidad debe avanzar mediante procesos judiciales. Esta decisión pone de manifiesto una división entre el control de cumplimiento de normas y el juicio de equidad contractual, donde las autoridades administrativas no pueden asumir funciones de revisión profunda de condiciones que ya han sido validadas por el regulador del sector.
Para los consumidores peruanos, este caso revela una realidad: aunque existen mecanismos de protección, su aplicación está limitada por el orden de prioridad en el sistema financiero. Las cláusulas que pueden parecer injustas a nivel individual, especialmente en productos como hipotecas, no pueden ser revisadas por entidades como Indecopi sin haber sido cuestionadas en tribunales. Esto implica que el consumidor debe estar preparado para actuar con anticipación, con documentación clara y una comprensión profunda de los contratos que firma. La carga de prueba recae en él, no en el banco. Así, la importancia de leer cada contrato, identificar términos de responsabilidad y buscar asesoría antes de firmar se vuelve crítica. En un entorno donde las hipotecas son herramientas clave para la posesión de vivienda, entender estos límites ayuda a tomar decisiones más informadas y protegidas.