Según Bloomberg Línea, la confrontación entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial ha intensificado la incertidumbre institucional en Perú, un efecto que JPMorgan ha identificado como impulsor de volatilidad superada a las proyecciones. El banco señala que las encuestas indican un empate estadístico en el panorama electoral, con un alto porcentaje de votantes aún indecisos. Este escenario, combinado con una nueva distribución legislativa, reconfigura el panorama político y afecta directamente la estabilidad de los mercados financieros.
La estructura del nuevo Congreso, que incluirá un Senado de 60 escaños y una Cámara de Diputados de 130 integrantes, redefine los mecanismos de poder dentro del sistema legislativo. JPMorgan destaca que, ante la ausencia de mayoría en ningún partido, cualquier iniciativa legislativa deberá depender de alianzas políticas, lo que limita la capacidad de los bloques para actuar de forma unilateral. Partidos centristas, como el Partido del Buen Gobierno y Obras, serán clave en el Senado, ejerciendo una influencia desproporcionada en las decisiones clave. Esta dinámica reduce significativamente la probabilidad de reformas profundas, especialmente en áreas como la regulación, la constitución o las políticas económicas.
El informe de JPMorgan afirma que esta fragmentación política actúa como un escudo contra movimientos bruscos en la política pública. Las reformas radicales, como cambios constitucionales o ajustes regulatorios agresivos, se vuelven menos probables, lo que, a su vez, disminuye la exposición de los mercados a noticias negativas. Este entorno favorece un clima de inversión más predecible, especialmente en activos como acciones y bonos. El riesgo de volatilidad en la moneda y las primas de riesgo también se mantiene bajo control, al no haber una base institucional clara para cambios abruptos.
Para los inversionistas peruanos, este escenario representa una oportunidad para evaluar con mayor calma el entorno político. Aunque la incertidumbre electoral persiste, la estructura legislativa actual actúa como un mecanismo de estabilidad. Los cambios estructurales profundos son menos probables, lo que sugiere una trayectoria más gradual en la política económica. Este contexto permite a los inversores centrarse en la ejecución de políticas existentes, en lugar de anticiparse a movimientos imprevisibles. En un país donde la confianza institucional es esencial para el crecimiento, la fragmentación del poder puede convertirse en una herramienta de equilibrio, más que de riesgo.