Segun Gestión, el Gobierno peruano ha ordenado una profunda reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), mediante el secreto supremo Nº 009-2026-MIDAGRI. Esta medida busca superar una estructura históricamente fragmentada y promover un sistema más coordinado, centrado en el manejo del recurso hídrico en sus distintos ámbitos. La norma establece un proceso integral que abarca desde la estructura orgánica hasta las funciones operativas y las instancias descentralizadas de la ANA, incluyendo las Autoridades Administrativas del Agua y las Administraciones Locales de Agua.
El objetivo central de la reforma es lograr una distribución más eficiente de competencias, eliminando posibles duplicidades y mejorando la alineación entre las responsabilidades y las realidades territoriales. Se evaluará si el actual esquema territorial y funcional de la ANA se adapta adecuadamente a las características de cada cuenca hidrográfica. Si resulta necesario, se propondrá una reconfiguración basada en un modelo de gestión integrada por cuencas, lo que podría permitir una coordinación más efectiva entre regiones y sectores. Además, se incluyen iniciativas para simplificar trámites, acelerar decisiones y fortalecer el desarrollo digital de la entidad, con el fin de mejorar la atención al usuario final.
El documento oficial aclaró que la reorganización no afecta de forma alguna la atención a procedimientos, el ejercicio de competencias, el cumplimiento de contratos ni la prestación de servicios. Esto garantiza que los procesos cotidianos de la ANA continúen sin interrupciones. La ejecución del plan se financiará exclusivamente a través del Presupuesto Institucional de la ANA, sin requerir aportes adicionales al Tesoro Público. Esta disposición asegura que el cambio se realice de forma sostenible y sin generar cargas financieras innecesarias.
Para los habitantes del Perú, especialmente en zonas rurales o con acceso limitado al agua potable, esta reforma representa una oportunidad clave. Muchas comunidades enfrentan desigualdades en el acceso al agua, y una gestión más integrada por cuencas podría mejorar la equidad en su distribución. Además, el enfoque digital y la agilidad en trámites podrían acortar tiempos de respuesta ante emergencias o necesidades locales. Si se implementa con claridad y transparencia, la ANA podría convertirse en un actor más eficaz y cercano, respondiendo mejor a las realidades de cada región.