Según Gestión, el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de crédito suplementario al Congreso de la República, que sugiere aumentar el presupuesto público en 4.160 millones de soles. Este incremento está vinculado a la implementación progresiva de dos beneficios laborales para trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS): gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La medida, incorporada en el documento remitido al legislativo, establece una ejecución gradual que abarca cinco años, desde 2026 hasta 2030.
En el año 2026, los empleados CAS recibirán el 10% de su salario mensual, con un mínimo de 300 soles. Este porcentaje se incrementará anualmente: al 20% en 2027, al 30% en 2028, al 50% en 2029 y alcanzará el 100% solo en 2030. El monto de la gratificación en el presente año será igual al 10% de la remuneración mensual, aunque debe ser al menos igual al aguinaldo que actualmente perciben los servidores públicos. Para dar efecto a esta medida, se exigirá un decreto supremo, validado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que defina los criterios, condiciones y mecanismos necesarios para su aplicación. Además, el texto prevé la posibilidad de pagar los beneficios de forma proporcional o truncada, según corresponda, y resalta que todo proceso se llevará a cabo de forma progresiva.
La iniciativa busca dar cumplimiento a la Ley N.º 32563, aprobada por el Congreso, que por primera vez reconoce el derecho de los trabajadores CAS a recibir gratificaciones y CTS. Este cambio representa una ruptura con la tradición de este régimen laboral, donde históricamente estos beneficios no se habían incluido. Aunque el proyecto no detalla el impacto fiscal exacto de la CTS, el monto se determinará mediante el porcentaje correspondiente a cada año de ejecución.
Para el lector peruano, esta propuesta es relevante porque refleja un esfuerzo por modernizar y humanizar el régimen laboral de los empleados públicos. Muchos funcionarios en el sector administrativo han estado sin acceso a beneficios que, en otros sectores, son estándar. Si se aprueba, este avance podría servir como modelo para otros contratos públicos, promoviendo mayor equidad y estabilidad laboral. Aunque el costo inicial es significativo, la distribución gradual permite que los gastos se integren sin sobrecargar el presupuesto anual. Para los trabajadores, representa una mejora tangible en su bienestar económico, especialmente en contextos donde el salario base no alcanza niveles adecuados.