Según Gestión, en los últimos años se ha registrado una expansión significativa del gasto municipal en personal, que ha pasado de S/ 2,671 millones en 2016 a S/ 7,933 millones en 2026, lo que representa un incremento del 197%. Este crecimiento se traduce en una participación promedio del 14% del presupuesto total de las municipalidades, más allá del doble de lo que era en 2016. La evolución de este gasto mostró un punto crítico en 2024, al pasar de S/ 3,845 millones a S/ 6,788 millones, un salto del 76.5%. Este cambio no se debe únicamente a incrementos salariales, sino a una reestructuración presupuestaria que incluye la incorporación de trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS) a la planilla oficial.
Este ajuste presupuestario, implementado en 2024, llevó a que los empleados CAS, hasta entonces clasificados en gasto de bienes y servicios, pasaran a formar parte del gasto en personal. Además, la aprobación de una negociación colectiva descentralizada reforzó la expansión del gasto en esta categoría. Víctor Fuentes, gerente central de Economía del Instituto Peruano de Economía (IPE), destacó que esta modificación explica parte del aumento observado. Al incluir el gasto de CAS en los años anteriores, el crecimiento real se ve más moderado: entre 2023 y 2024, el gasto en personal y CAS pasó de S/ 6,034 millones a S/ 6,789 millones, lo que representa un aumento del 12.5% nominal y del 9.8% ajustado a la inflación.
Para el lector peruano, este escenario plantea una reflexión clave sobre la asignación de recursos públicos. Mientras que el crecimiento en gasto por personal parece natural en contextos de expansión institucional, el hecho de que este aumento se produzca en un periodo de alta presión fiscal —con el país enfrentando desafíos en servicios básicos y deuda pública— sugiere una necesidad de transparencia. Los municipios, al asumir mayores costos en planillas, deben asegurar que estos gastos estén alineados con objetivos reales de desarrollo, no solo con la expansión de personal. El impacto en servicios como salud, educación o infraestructura podría ser reducido si no se implementan controles rigurosos. En un entorno donde el presupuesto municipal es limitado, cualquier ajuste en el gasto debe tener un propósito claro y medible.
Este análisis subraya que, aunque el aumento en sueldos y beneficios se justifica por necesidades operativas, su escalabilidad debe ser evaluada en relación con el rendimiento institucional y la sostenibilidad financiera a largo plazo. Los ciudadanos deben estar informados para exigir que cada peso destinado a personal tenga un propósito claro y tangible en la mejora de servicios públicos.