Según Gestión, las Cámaras de Comercio de Cusco, Puno, Huancayo, Apurímac y Ayacucho han impulsado una exigencia formal al gobierno de Keiko Fujimori, pidiendo políticas concretas para ampliar el acceso al gas natural en las regiones del país. Más de dos décadas han pasado desde que iniciaron las operaciones de Camisea, sin embargo, en múltiples zonas del centro y sur del Perú, las familias y empresas siguen dependiendo de combustibles alternativos como el GLP, electricidad o fuentes energéticas de alto costo. Esta disparidad en el acceso a la energía afecta directamente la economía familiar y limita la capacidad de inversión en sectores productivos.
El análisis de las cámaras revela que esta brecha no solo incrementa los gastos de los hogares, sino que también deteriora la competitividad empresarial y obstaculiza el crecimiento industrial. En contextos donde el gas natural no está disponible, los costos operativos de las empresas aumentan significativamente, lo que dificulta la sostenibilidad y la expansión de sus actividades. Además, el impacto en el consumo doméstico es tangible: miles de familias enfrentan un mayor peso en sus presupuestos energéticos, lo que impacta negativamente su estabilidad financiera y su bienestar diario.
Para el lector peruano, este escenario evidencia una realidad estructural: las regiones más alejadas del centro del país no solo reciben menos servicios públicos, sino que también enfrentan un costo energético elevado que compite con la capacidad de desarrollo local. En un contexto donde el 20% de los hogares aún no accede al gas natural, la falta de infraestructura y políticas claras impide que las comunidades más vulnerables se integren al crecimiento económico nacional. El proyecto "7 regiones", que busca llevar gas natural a zonas estratégicas, está en su etapa final, y se espera que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) finalize sus revisiones técnicas por parte del Osinergmin para presentar un informe al Ministerio de Economía y Contraloría. Si este proceso se acelera, podría abrir la vía para una expansión equitativa, donde el gas no sea un privilegio regional, sino una herramienta de desarrollo universal.
El llamado a la igualdad de oportunidades no es solo técnico, sino ético. Si las familias del sur y el centro no pueden acceder a una fuente de energía competitiva, el desarrollo económico no será inclusivo. Para el país, el gas natural debe ser más que un recurso: debe ser un pilar de justicia energética y de crecimiento sostenido.