Según Gestión, el avance en la expansión de la red de distribución de gas natural en Perú se ha detenido en 2025, tras haber crecido de 1.2 a 2.6 millones de conexiones en los últimos cinco años. Este crecimiento, que elevó la cobertura del servicio del 14% al 25% del total de habitantes, ahora se mantiene estancado. En el año actual, solo 147,000 usuarios fueron incorporados, una reducción del 48.96% respecto a los 288,000 conectados en 2023 y un 47.31% por debajo del volumen registrado en 2024. El informe InfoGas, publicado por Promigas Perú, evidencia que este retroceso no representa un fenómeno aislado, ya que también se registró en la concesión de la región Ica, gestionada por Contugas.
El experto Aquiles Mercado, vicepresidente financiero y administrativo de Promigas, enfatizó que el 25% actual de cobertura no indica que el proceso de difusión del gas de Camisea haya alcanzado su punto final. En su exposición, destacó que las decisiones del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) han obstaculizado la continuidad del crecimiento. Las revisiones tarifarias aplicadas en distintos ciclos no reconocieron los costos de inversión de empresas como Promigas, Cálidda y Contugas. En el caso específico de Promigas, la primera evaluación tarifaria para el periodo 2025-2028 no incluyó el 45% de las inversiones eficientes realizadas hasta la fecha. Esta omisión ha forzado a la empresa a suspender planes de expansión, lo que ha generado una disminución significativa en el número de nuevas conexiones.
Además, la suspensión del programa Bonogas, que históricamente financiaba los costos asociados a la conexión de usuarios al gas, ha agravado la situación. Este mecanismo, que permitía cubrir los gastos operativos de instalación, se ha visto inactivado, lo que aumenta el costo para las empresas y reduce su capacidad de inversión. La ausencia de un respaldo financiero directo ha generado una brecha entre el potencial de expansión y la realidad operativa.
Para el lector peruano, este escenario revela una contradicción entre el potencial de acceso al gas natural y las limitaciones estructurales del sistema. Aunque el 25% de la población ya cuenta con servicio, la estancación en el crecimiento indica que las políticas regulatorias actuales no están alineadas con los objetivos de inclusión energética. Los hogares en zonas rurales o periféricas, especialmente en regiones como Ica o Ayacucho, enfrentan mayores barreras para acceder al servicio. La falta de inversión y mecanismos de financiamiento adecuados pone en riesgo el desarrollo sostenible del gas como fuente de energía para millones de peruanos. La solución requiere una reevaluación de las tarifas, el retorno de instrumentos como el Bonogas y una estrategia clara para incentivar la ampliación del servicio en comunidades sin acceso.