Según Gestión, el gobierno de Keiko Fujimori presenta un primer pedido de facultades legislativas delegadas, cuyo proyecto de ley será evaluado en el Consejo de Ministros el 2 de agosto. Aunque aún no ha sido aprobado por el Congreso, ya circula un borrador que aborda dos ejes centrales: el fortalecimiento de micro y pequeñas empresas y el fortalecimiento del mercado laboral. En el ámbito empresarial, se proyecta unificar y regular el marco legal de la actividad laboral, aplicando un régimen progresivo que promueva la formalización. Este sistema incluiría obligaciones claras sobre aportes a EsSalud y a afp o onp, además de la implementación de compensaciones por tiempo de servicio, gratificaciones legales, vacaciones, jornadas laborales, horas extras, participación en utilidades y protección frente al despido. Paralelamente, se busca mejorar el proceso de extinción de contratos por causas objetivas, corrigiendo brechas en la normativa que hasta ahora han impedido la flexibilidad que las empresas deben tener ante cambios económicos o técnicos.
La propuesta, aunque estructurada desde una perspectiva legalmente viable, ha generado debates internos. Algunos expertos argumentan que el régimen progresivo podría facilitar la entrada de empresas a la formalidad, pero también plantea riesgos en términos de equidad laboral. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, ha señalado que el documento actual es solo un borrador, y que cualquier reforma debe avanzar mediante un proceso multidisciplinario que incluya a representantes de los sectores afectados. Esta advertencia resalta la necesidad de evaluar no solo el impacto técnico, sino también el efecto real en los trabajadores, especialmente en contextos donde la informalidad es un pilar estructural.
Para los peruanos, estos cambios significan una posible reconfiguración del entorno laboral. En un país donde más del 60% de los empleos son informales, la formalización podría mejorar la estabilidad y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, si no se gestionan con transparencia y participación social, podrían generar tensiones entre empresas y personal. Los sectores más vulnerables —como los trabajadores en servicios o comercio— podrían sentirse afectados por ajustes que priorizan la eficiencia empresarial sobre la protección laboral. Por ello, es clave que las reformas no solo se diseñen desde el sector público, sino que también se validen en el terreno real de los trabajadores y sus condiciones cotidianas. El éxito de esta iniciativa dependerá no solo de la calidad del texto, sino de su capacidad para equilibrar crecimiento económico con derechos laborales.