Segun Gestión, el gobierno de Keiko Fujimori ha presentado una solicitud formal ante el Congreso para obtener facultades legislativas delegadas, con especial enfoque en la eliminación del tope a tasas de interés. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados decidió posponer la votación sobre esta propuesta hasta el miércoles 16 de septiembre, tras más de dos horas de debate sin alcanzar un acuerdo. En su informe técnico, el grupo señala que los promedios de tasas de crédito para pequeñas empresas, microempresas, consumo en bancos y entidades municipales están consistentemente por debajo del umbral establecido en 114%. Antes de su implementación, estos niveles tampoco se encontraban dentro del rango de 100% a 150%. La comisión concluye que la referencia a operaciones en ese rango no aporta evidencia suficiente para justificar una eliminación generalizada ni para afirmar una mejora uniforme en el acceso a créditos o en el bienestar de los prestatarios. El diputado José Marcelo, presidente de la comisión, expresó esta opinión técnica de manera clara y detallada, indicando que no se respalda la habilitación solicitada.
La división entre diputados refleja una tensión en torno a la efectividad de las políticas de regulación. Cecilia Chacón de Fuerza Popular planteó que, si existen dudas sobre la viabilidad de la propuesta, el organismo encargado de supervisar el sistema financiero —la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)— debería haber sido consultado previamente. Por su parte, Jaime Abensur destacó que el Ministerio de Economía y Finanzas informó que más de 125 mil personas fueron excluidas de formalizar sus finanzas, y que otras 95 mil nunca lograron integrarse al sistema financiero formal. Datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indican que en mayo y diciembre de 2021, más de 226 mil clientes fueron afectados por los topes, de los cuales 126.700 no pudieron reintegrarse al acceso a créditos. Estas cifras, aunque no abarcan todos los períodos, resaltan la profundidad del impacto en segmentos vulnerables de la población.
Para el lector peruano, este escenario plantea una confrontación entre flexibilidad económica y protección al consumidor. Aunque el objetivo de eliminar el tope podría parecer una medida proactiva para fomentar el crecimiento financiero, los datos muestran que el impacto en personas sin acceso formal a servicios financieros es significativo. En un país donde más del 30% de la población no tiene cuentas bancarias, cualquier cambio en las tasas debe evaluarse no solo desde el punto de vista del mercado, sino también desde el bienestar de los más vulnerables. La decisión final del Congreso no solo afectará a los bancos, sino también a millones de ciudadanos que dependen de créditos para viviendas, educación o emprendimientos. La discusión actual es un momento clave para definir si el sistema financiero busca equidad o solo eficiencia.