Según Gestión, la presidenta Keiko Fujimori presentó un conjunto de compromisos clave en materia de empleo y seguridad social, destacando un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de 1.130 soles a 1.300 soles, lo que representa un aumento de 170 soles. Este ajuste, que equivale a un crecimiento del 15%, supera casi tres veces la inflación acumulada desde la última subida del salario mínimo. Aunque permite recuperar niveles salariales previos a la pandemia, su implementación se realiza sin diálogo social, según análisis de Vinatea Toyama.
La propuesta incluye una reforma meritocrática en el servicio civil, con enfoque en reconocer la formación continua, el desempeño y la vocación profesional. Este enfoque se extendería a instituciones clave como el sistema judicial y la Policía Nacional. La meta es crear un sistema más justo y eficiente, donde el mérito determine el ascenso, no solo la posición jerárquica. Paralelamente, se comprometen políticas integradas que abarcan tributación, empleo y simplificación administrativa, con el objetivo de reducir significativamente la informalidad laboral sin vulnerar derechos fundamentales.
En el ámbito social, se anunció que la pensión 65 se duplicará, pasando de 350 soles a 700 soles bimestrales para adultos mayores en situación de pobreza extrema. Aunque representa un avance tangible, el desafío principal persiste: millones de trabajadores informales no tienen acceso a seguros de salud, pensiones ni protección contra la invalidez. Este vacío estructural limita el impacto real de las medidas.
Además, se prevé un bono único para micro y pequeñas empresas, junto con créditos flexibles, contrataciones públicas y servicios de factoring. Se señala también una estrategia de apoyo a empresas medianas y grandes que operan en mercados internacionales. La combinación de estas iniciativas busca fomentar la productividad y estabilidad económica.
Para el lector peruano, estas propuestas tienen un impacto directo en la realidad cotidiana. Mientras que el aumento del salario mínimo beneficia a quienes ya están registrados en el sistema laboral, la mayoría de los trabajadores informales, que representan un porcentaje significativo de la población, seguirán fuera de este marco. El reto no es solo financiero, sino también institucional: implementar políticas que alcancen a todos, sin generar brechas ni desigualdades. La pregunta clave, por tanto, es si estos cambios pueden ser sostenidos sin generar presión sobre el presupuesto público o si se lograrán en un contexto de inflación elevada y crecimiento moderado. La viabilidad dependerá de la capacidad del gobierno para avanzar en inclusión y transparencia, especialmente en sectores donde la informalidad es más fuerte.