Según Gestión, el Gobierno de Keiko Fujimori ha reestructurado el programa Pensión 65 mediante un decreto que amplía sus competencias para atender a personas en condiciones de vulnerabilidad ante emergencias. Esta modificación, formalizada en el Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, otorga al programa la gestión operativa de las asignaciones económicas destinadas a quienes enfrentan situaciones de emergencia. La ejecución de esta función se basa en normas previas, específicamente en el Decreto Legislativo N° 1654 y el Decreto Supremo N° 002-2026-MIDIS.
El proceso de identificación de beneficiarios se realiza mediante los registros oficiales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) o del Ministerio de Salud (Minsa). Para los adultos mayores de 65 años o más que se encuentran en condiciones de extrema pobreza, la clasificación socioeconómica correspondiente debe ser emitida por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), entidad integrante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). En el ámbito financiero, el programa ahora puede abrir cuentas bancarias individuales en el Banco de la Nación (BN) o en otras instituciones del sistema financiero nacional.
Además, se ha implementado una nueva Declaración Jurada que permite al Banco de la Nación supervisar las cuentas de los beneficiarios. En caso de que se detecte que el usuario ya no cumple con los criterios de elegibilidad, el banco podrá revertir los saldos a favor del programa. Esta medida busca prevenir el gasto inadecuado y garantizar que los recursos se destinen a quienes realmente lo necesitan. También se establece la figura del “tercero autorizado” para personas con discapacidad o condiciones de salud que no pueden acudir personalmente a las instituciones. La nómina oficial de este mecanismo será aprobada mediante una resolución de la Dirección Ejecutiva.
Para el lector peruano, esta evolución del programa representa un avance en la protección de los adultos mayores, especialmente en contextos donde la pobreza y las crisis sociales son recurrentes. El monto de S/700 mensual, aunque aún modesto, se posiciona como un pilar clave en el esfuerzo por reducir la desigualdad. La integración de mecanismos de supervisión y acceso remoto fortalece la eficiencia del sistema, aliviando la carga sobre los ciudadanos más vulnerables. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del Estado para mantener la transparencia en el uso de los recursos y de la efectividad de los registros que determinan quién accede al beneficio. En un país donde muchas comunidades enfrentan desafíos estructurales, este enfoque puede convertirse en una herramienta clave para construir una protección más inclusiva y sostenible.