Según Gestión, el 6 de agosto fue declarado feriado en Perú, aunque este solo representa uno de los 16 días oficiales que se celebran anualmente. En un contexto de transición política, la posibilidad de modificar el calendario de feriados ha generado debate público. Un primer proyecto de ley presentado por el gobierno de Keiko Fujimori propuso revisar el sistema de días festivos, con el objetivo de racionalizar su uso y promover la productividad. La iniciativa generó una respuesta inmediata: la presidenta de la República rechazó cualquier reducción o aumento en el número de feriados, una posición respaldada por el ministro de Trabajo, Juan Sheput. Recientemente, el jefe del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisó que la estrategia no consiste en eliminar días festivos, sino en trasladarlos al lunes más cercano, sin alterar el total de días.
El debate sobre la estructura de feriados, sin embargo, oculta un problema más profundo: la alta informalidad en el empleo peruano. Al cierre del primer trimestre del año, el INEI registró que 17.6 millones de personas tenían empleo, con una tasa de informalidad del 69.8%. Esto implica que de ese total, 12.3 millones trabajan en condiciones no reguladas, sin acceso a derechos laborales básicos, incluyendo el derecho a disfrutar de días festivos. En este escenario, para la mayoría de estos trabajadores, un día festivo no significa un día libre, sino una decisión entre no trabajar y perder ingresos, o asumir jornadas más largas sin protección legal. De hecho, solo 5.3 millones de trabajadores en el país gozan de este derecho, lo que evidencia una brecha entre la normativa y la realidad laboral.
Para el lector peruano, este panorama revela una contradicción clara: mientras el gobierno habla de eficiencia y productividad, miles de personas en el sector informal no reciben los beneficios que deberían estar garantizados por la ley. El derecho a un día festivo no es solo una cuestión de calendario, sino un símbolo de inclusión y protección. En un país donde más de la mitad de los trabajadores no están cubiertos por contratos formales, cualquier reforma debe priorizar la inclusión, no solo la optimización del calendario. Sin un esfuerzo directo por regular el empleo informal, las propuestas de ajuste de feriados no lograrán equilibrar el sistema laboral ni garantizar justicia para todos los trabajadores. La solución no está en mover fechas, sino en fortalecer las condiciones laborales de quienes más las necesitan.