Según Gestión, el fenómeno de El Niño, conocido como “Mega Niño”, está generando una crisis profunda en el sector pesquero peruano. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), a través de su presidenta Jessica Luna, ha exigido al Gobierno una respuesta inmediata para evitar que la industria se encuentre en una situación de desastre que podría requerir años para recuperarse. Hasta 100.000 empleos corren el riesgo de desaparecer, lo que impacta directamente en comunidades rurales y costeras. Este escenario se consolidó tras una decisión del Ministerio de la Producción (Produce), que anuló la segunda temporada de pesca de anchoveta tras una primera faena que registró niveles insuficientes.
Los datos indican que el 79% de la población de anchoveta es juvenil, lo que impide su captura y compromete la sostenibilidad a largo plazo. En ese contexto, las autoridades han decidido priorizar la protección de la especie, con el fin de garantizar su recuperación futura. El monitoreo de condiciones marinas indica que la actividad pesquera podría reanudarse solo en la primera temporada de 2027, en lugar de abril, lo que significaría una reanudación a fines de mayo o principios de junio. Este retraso implica un año entero de paralización en la producción pesquera, una situación que se compara con el impacto del COVID-19 en términos de severidad.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha registrado una caída de 31,66% en la producción pesquera hasta agosto de 2025. El aporte del sector al Producto Bruto Interno (PBI) de 2025 era de 2,1%, y bajo el escenario del FEN, esta cifra se reduciría a 1%. Esto representa una pérdida económica de S/ 14.000 millones en actividad productiva. El sector genera cerca de 250.000 empleos, que abarcan desde pescadores y tripulantes hasta trabajadores de plantas, administrativos, proveedores y actividades portuarias. En este año, se estima que se perderán 81.000 puestos de trabajo.
Para los peruanos, especialmente en zonas costeras, esta crisis no solo afecta el empleo, sino también la seguridad alimentaria y el equilibrio económico regional. La pesca es una actividad clave en el desarrollo de comunidades vulnerables, y su paralización genera un efecto en cadena. Mientras que el Gobierno busca soluciones, el sector requiere mecanismos de apoyo inmediato, como el factoring, que permita a las empresas mantener operaciones sin depender de flujo de caja. Este tipo de herramienta podría ser clave para evitar que la economía local se vuelva aún más inestable. En un contexto de escasez de recursos y alta volatilidad climática, la resiliencia del sector pesquero depende de políticas ágiles y de un enfoque más integral en la gestión de riesgos.