Según Gestión, el Consejo Fiscal alertó que el Estado enfrenta una escasez crítica de recursos financieros, lo que impide la ejecución de muchas de las promesas que los candidatos presidenciales han planteado. Este diagnóstico se expuso en un informe oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el periodo 2026-2029, donde se reconoce por primera vez en cinco años el deterioro de las finanzas públicas. El organismo señaló que las proyecciones macroeconómicas indican una insuficiencia estructural en el presupuesto, con escasas posibilidades de financiar acciones clave del programa electoral. El presidente del Consejo, Alonso Segura, precisó que el déficit actual es tan grave que no hay fondos disponibles para la implementación de una buena parte de las iniciativas anunciadas por los candidatos. Además, destacó que los tres principales contendientes tienen responsabilidad compartida, ya que sus partidos participaron en el Congreso durante el periodo de diseño de las leyes que hoy se evalúan.
El caso de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, evidencia la tensión entre el espíritu de mejora social y la realidad de limitaciones presupuestarias. Aunque reconoce el interés ciudadano por fortalecer salarios y pensiones en el sector público, enfatizó que cada medida debe ser evaluada con rigor financiero. “No se puede prometer sin una base de viabilidad”, afirmó durante una visita al distrito de San Martín de Porres, subrayando que el próximo ministro de Economía deberá asumir una postura responsable, centrada en la sostenibilidad de los gastos. La especialista advirtió que el problema no radica únicamente en el monto disponible, sino en la forma en que los presupuestos son gestionados. Existen brechas en la administración de los recursos, tanto en el nivel central como en las entidades subnacionales, lo que dificulta el cumplimiento de compromisos públicos.
Para los peruanos, este panorama revela una realidad crítica: las promesas de gobierno no son solo cuestiones de política, sino de capacidad financiera real. Muchas de las propuestas que escuchan en los medios —como aumentos salariales o reformas en pensiones— requieren un enfoque que vaya más allá de la palabra, y que incluya un análisis profundo de los límites presupuestarios. El público debe entender que, sin una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos, incluso las mejores intenciones pueden quedar sin efecto. La responsabilidad no solo recae en los líderes, sino en todos los ciudadanos que deben exigir rendición de cuentas y auditorías claras. El desafío actual no es solo financiero, sino ético: garantizar que el dinero público sirva para quienes lo necesitan, y no para mantener expectativas sin fondo.