Según Gestión Tu Dinero, el crecimiento de la extorsión en el entorno empresarial peruano ha alcanzado niveles alarmantes, con casi la mitad de la población reportando haber presenciado el cierre de negocios por motivos de inseguridad. Un estudio del Observatorio del Crimen y la Violencia, impulsado por el Banco de Ideas Credicorp, BCP y Capital Humano y Social (CHS), revela que en mayo del año pasado, un 45% de los peruanos afirmó que en los últimos doce meses, una persona de su entorno —como un familiar o vecino— frecuentó establecimientos como bodegas, peluquerías, restaurantes o farmacias que finalizaron sus operaciones por presión extorsiva.
Este porcentaje representa a 11,4 millones de ciudadanos, lo que indica un incremento de más de 3,2 millones respecto al año anterior, cuando solo el 32% (8 millones de personas) respondía de forma positiva a la misma pregunta. La variación de 13 puntos porcentuales refleja una aceleración en la percepción de riesgo por parte de la población. La incidencia es especialmente intensa en Lima, donde el 59% de los encuestados declaró haber visto el cierre de actividades comerciales. En términos claros, seis de cada diez habitantes de la capital han vivido directamente el impacto de la inseguridad en sus ingresos familiares, muchos de los cuales dependen de pequeños negocios como fuente de sustento.
El panorama indica que la extorsión ya no es un fenómeno aislado o local, sino una amenaza estructural que afecta a distintos sectores económicos. La falta de protección en espacios urbanos clave ha generado un efecto colateral en la economía formal, donde las microempresas, por su naturaleza, son más vulnerables. Las cifras no solo reflejan una creciente presión sobre los negocios, sino también una disminución de la confianza en el entorno de trabajo y comercio.
Para los peruanos que gestionan sus propios negocios o dependen de actividades informales, este contexto implica una realidad cotidiana: cada decisión de abrir o mantener un negocio está sometida a una incertidumbre creciente. La falta de respuestas efectivas de las autoridades, junto con la expansión del crimen organizado, ha dejado una brecha crítica entre el funcionamiento de la economía y la seguridad que debe garantizarla. En un país donde el empleo formal aún depende en gran medida de pequeñas iniciativas, este fenómeno representa una amenaza directa a la estabilidad de los ingresos familiares. La urgencia, por tanto, no es solo institucional, sino personal. Cada persona que percibe el riesgo debe evaluar no solo su seguridad, sino también la viabilidad de sus propios esfuerzos económicos en un entorno cada vez más inestable.