Según Gestión Tu Dinero, los delincuentes han adoptado canales digitales como principales herramientas para ejercer presión sobre individuos, especialmente mediante redes sociales y mensajeros. En el contexto actual, la propagación de amenazas y mensajes extorsivos se ha intensificado, aprovechando la presencia constante de usuarios en plataformas como Facebook y WhatsApp. Estos medios han sido los principales vehículos para la difusión de contenido sospechoso, con un 29% de encuestados indicando que reciben mensajes amenazantes por WhatsApp, según el último estudio del Observatorio del Crimen y la Violencia de CHS y Credicorp (con encuesta de Ipsos). Los mensajes de texto (19%) y Facebook (17%) completan el panorama, aunque su orden ha cambiado respecto al año anterior, cuando el SMS dominaba con el 27%.
La disminución del uso de SMS en distintos estratos sociales refleja una transición hacia plataformas más accesibles y de mayor interacción, como WhatsApp. Capital Lima emerge como el epicentro de esta problemática, donde más de 3,2 millones de personas han recibido amenazas mediante el mensajero. Esta cifra subraya la vulnerabilidad de las comunidades urbanas, donde el acceso a internet y las redes sociales es más amplio. Ricardo Valdés, gerente general de CHS, destacó que el control territorial no es suficiente frente a la dinámica virtual, ya que las autoridades no pueden ejercer vigilancia efectiva en espacios digitales, donde los mensajes de extorsión circulan con rapidez.
La situación plantea una brecha entre el ámbito físico y el digital. Mientras que las políticas de seguridad tradicionales se enfocan en zonas geográficas, las amenazas en línea requieren mecanismos que abarquen el espacio digital. El informe señala que el Segundo Protocolo del Convenio de Budapest, aún pendiente de ratificación desde 2022, podría servir como herramienta clave para facilitar la obtención de datos de usuarios en plataformas como WhatsApp, en casos de uso delictivo. Esto permitiría a las autoridades acceder a información relevante para investigar y prevenir operaciones de extorsión.
Para el peruano promedio, este panorama implica una necesidad de vigilancia personal. No basta con ignorar los mensajes que llegan por redes sociales; es fundamental evaluar el origen, la red de contacto y el contenido antes de responder. Las instituciones deben actuar con mayor rapidez, pero también cada ciudadano debe asumir su rol de defensor de su patrimonio. La tecnología no es un campo neutro; su uso debe estar acompañado de conciencia y prácticas de protección. En un entorno donde las amenazas digitales crecen, la educación y la alerta constante son herramientas esenciales para mantener la seguridad personal y familiar.