Según Gestión, el caso de una mujer de 87 años que fue desalojada por no cumplir con cuotas de mantenimiento en un edificio de Madrid ha generado una amplia discusión sobre el uso de listas de morosos en comunidades de viviendas. Este incidente se da en un contexto donde la vivienda se vuelve cada vez más inaccesible, especialmente en ciudades con alta demanda de espacios habitacionales. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) ha establecido, desde 2025, una guía específica sobre cómo deben gestionarse los datos recopilados por juntas de propietarios y administradores de edificios. Este marco legal permite que las juntas informen sobre residentes con deudas, pero con condiciones estrictas sobre el alcance y el tratamiento de esa información.
La información puede ser compartida entre los vecinos, siempre que se limite al ámbito del edificio y se utilice solo lo necesario para mantener la gestión del servicio. Expertos coinciden en que las juntas pueden adoptar decisiones por mayoría para fomentar el pago de cuotas, incluyendo la comunicación de nombres de quienes tienen deudas pendientes. Sin embargo, no se permite que tales listas se difundan de forma libre, como en redes sociales o por WhatsApp. El acceso debe estar restringido, y la forma de comunicarla debe ser proporcional, evitando el uso de datos personales excesivos o la exposición pública de identidades.
El marco legal también exige que la deuda esté correctamente determinada, con evidencias claras y verificables, y que el procedimiento no vaya más allá de lo necesario. No basta que una lista esté expuesta físicamente en el edificio; su ubicación no implica automáticamente que su contenido esté disponible para cualquier persona fuera del grupo de vecinos. La ANPD ha señalado que la difusión de datos personales debe respetar principios de protección, especialmente en contextos donde los residentes pueden sentirse vulnerables o expuestos por su situación financiera.
Para los peruanos, este escenario resuena profundamente, dado que el acceso a viviendas dignas sigue siendo un desafío estructural. Muchos ciudadanos enfrentan dificultades para mantener servicios básicos, como el pago de cuotas de mantenimiento en sus viviendas o en comunidades de viviendas. La experiencia española sirve como advertencia: la gestión de deudas debe ser equilibrada entre la responsabilidad comunitaria y el respeto a la privacidad individual. En el Perú, donde el mercado inmobiliario es altamente fragmentado, es crucial que las comunidades de viviendas adopten prácticas transparentes y éticas, que no vulneren los derechos fundamentales de sus miembros. La protección de datos debe ser una norma, no una excepción, en cualquier sistema de gestión residencial.