Según Gestión, en el Perú el número total de personas empleadas llegó a 17.8 millones entre 2017 y 2025, según datos publicados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Durante este periodo, el personal público aumentó en un 20.2%, lo que refleja una expansión significativa en el sector estatal. Aunque el gobierno nacional ha mantenido una participación importante, disminuyó de un 44.7% a un 42.4%, mientras que los gobiernos regionales consolidaron su posición como principal fuente de empleo, pasando del 43.5% a una participación estable en ese rango. Por su parte, los entes locales incrementaron su participación de 12.8% a 14.1%, mostrando una tendencia hacia una distribución más equilibrada entre niveles de gobierno.
Entre los grupos más dinámicos se destacan las carreras especiales, que incluyen docentes, personal de salud, policías y fuerzas armadas. Su número creció en un 41.7%, pasando de 453.350 a 642.587 empleados. En 2025, este grupo representó el 39.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) pública, convirtiéndose en el más numeroso. El régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), especialmente bajo los decretos legislativos N° 1057 y N° 728, también mostró crecimiento robusto, con incrementos del 36.3% y 37.5% respectivamente. Estos grupos suman juntos un 23.3% y 11.7% del total de empleados, mientras que el D. Leg. N° 276, que prevé contrataciones más limitadas, creció solo un 13.8%, lo que lo relega en importancia dentro de la estructura. La Ley N° 30057, encargada de establecer un régimen unificado para el servicio civil, registró un avance mínimo de 0.2%, señalando que persisten obstáculos para una transformación profunda del sistema.
Para el lector peruano, estos datos ofrecen una visión clara de cómo el Estado mantiene un papel central en la generación de empleo, pero también evidencia una desigualdad espacial. Mientras departamentos como Moquegua, Apurímac y Cusco concentran más de 60 servidores por cada 1,000 habitantes, regiones como Lambayeque, Piura e Ica registran tasas inferiores a 30. Esta distribución no solo afecta el acceso al empleo, sino que también puede influir en la calidad de servicios públicos. El crecimiento en sectores clave como salud y educación resalta el papel de estos servicios en la estabilidad social, pero también pone de manifiesto la necesidad de políticas que permitan una expansión equitativa y sostenible del empleo público. El desafío ahora es garantizar que el avance en el número de empleos no se traduzca en una mayor desigualdad regional o en una baja eficiencia del servicio.