Según Gestión Tu Dinero, el entorno político peruano está marcado por una profunda fragmentación institucional, una realidad que afecta directamente la capacidad de las empresas para planificar y ejecutar proyectos de crecimiento. La calificadora de riesgo Fitch Ratings ha señalado que, en el contexto de elecciones presidenciales que se acercan, el gobierno entrante heredará un escenario donde la gobernabilidad se ve obstaculizada por la división del Congreso y del Senado. Esta situación, según la firma, limitará el impulso de reformas estructurales y de grandes proyectos clave como la minería o la infraestructura, elementos esenciales para el desarrollo económico.
El análisis de Fitch indica que los ingresos empresariales en Perú se reducirán en 2026 y 2027, con un crecimiento anual estimado de apenas 3.3%. Este dato contrasta con el 5.2% registrado en 2025, y representa una disminución significativa frente al año anterior, donde las ventas de empresas analizadas crecieron 3.7% tras un estancamiento en 2023. El indicador de ganancias empresariales, que refleja la capacidad de las compañías para generar ingresos, muestra una tendencia descendente en un contexto de baja estabilidad política. Los desembolsos para activos a largo plazo, conocidos como capex, también se ven afectados. La firma advierte que la inseguridad institucional podría retrasar decisiones de inversión y dificultar la ejecución de proyectos de capital, lo cual impacta directamente en la rentabilidad a largo plazo de las empresas.
Para los inversores peruanos, este panorama implica una mayor volatilidad en los mercados y una menor confianza en el entorno regulatorio. Las decisiones de inversión se vuelven más cautelosas, especialmente en sectores que requieren grandes inversiones y tiempos de ejecución. Aunque el crecimiento económico no ha dejado de existir, la calidad de las políticas públicas y la capacidad de ejecución han sido constantemente afectadas por acuerdos parciales y debates internos que priorizan intereses particulares. Este modelo de gestión pública ha generado una desconfianza que se traduce en menor afluencia de capital extranjero y en una menor atracción de inversiones privadas.
En el contexto peruano, donde el crecimiento económico depende en gran medida de la estabilidad institucional y la capacidad de ejecutar proyectos de infraestructura, esta situación representa un riesgo creciente. Los inversionistas deben evaluar cuidadosamente los ciclos políticos y su impacto en la capacidad de las autoridades para implementar políticas coherentes. A largo plazo, la calidad de la gestión pública será un factor clave que determine no solo el crecimiento de las empresas, sino también el bienestar económico de la población.