Según Gestión, el estudio nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha elevado las probabilidades de que esta anomalía climática alcance un nivel de extraordinario entre octubre de 2024 y enero de 2027, manteniéndose con intensidad significativa hasta el otoño de 2025. Este pronóstico se basa en el último informe del Enfen y en actualizaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que confirma el adelanto de la temporada de lluvias en la costa norte, con concentración inicial en las provincias de Tumbes y Piura, y que ya se ha extendido hacia la sierra norte y la Amazonía. En ese contexto, Provias Nacional, órgano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informó que alrededor de 119 rutas en distintas regiones presentan circulación restringida por daños provocados por las precipitaciones. Las principales causas identificadas incluyen erosión y socavación de pavimentos, colapso de alcantarillas, derrumbes de puentes, así como obstrucciones por inundaciones y huaicos.
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (Cenepred) desarrolló un nuevo escenario de riesgo para el periodo enero-marzo de 2027, en el cual se detectan 702 distritos en 22 departamentos con un nivel de amenaza muy alto frente a movimientos en masa. Estos fenómenos comprenden deslizamientos, flujos de detritos, caídas de rocas, aludes y avalanchas. Si se materializan, podrían afectar a 8.6 millones de personas, 2.9 millones de viviendas, 4,357 centros de salud y 37,367 unidades educativas distribuidas en 47,431 localidades. Las regiones más expuestas incluyen Cajamarca, Cusco, Puno, Áncash, Piura, Junín, La Libertad, Huancavelica, Huánuco y Lima.
Para los habitantes del Perú, especialmente en zonas de montaña y costa, este escenario representa una advertencia clara sobre la vulnerabilidad de infraestructuras y viviendas ante fenómenos climáticos intensificados. La acumulación de precipitaciones, junto con la presión de un clima más extremo, exige que las comunidades, los municipios y los operadores logísticos reestructuren sus planes de preparación. No basta con esperar a que ocurra el evento: se requiere una acción proactiva, con monitoreo continuo, fortalecimiento de sistemas de alerta temprana y planificación de evacuaciones. En un país donde más del 60% de la población vive en áreas de riesgo geográfico, la comprensión de estos escenarios no es solo un dato técnico, sino una necesidad para la seguridad colectiva. La inversión en infraestructura resiliente y en educación sobre riesgos naturales debe ser una prioridad política y social, especialmente en los próximos años.