Segun Gestión, el fenómeno de El Niño costero está consolidándose como una amenaza significativa para los sectores primarios del Perú, especialmente el agro y la pesca. El estudio del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) indica que a partir de abril, las condiciones climáticas se esperan fuertes, con temperaturas anómalas que afectan directamente la productividad agrícola. En abril, el sector agrícola registró una contracción de 0.30%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta reducción ha sido clave para que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revise su proyección para el agropecuario en 2026, pasando de un crecimiento previsto del 2.5% a una cifra más conservadora de 0.3%. Las causas principales son las condiciones térmicas extremas, que reducen el rendimiento de cultivos y el peso de aves en granjas.
El riesgo físico también se amplía por el patrón de precipitaciones. Cenepred, el organismo encargado de evaluar desastres naturales, ha señalado que en la sierra nororiental y en la Amazonía, las lluvias hasta agosto podrían superar las normales, generando condiciones peligrosas. En esas zonas, se prevén deslizamientos de tierra, huaicos y inundaciones. Actualmente, 3.6 millones de personas están en riesgo por huaicos y 3.4 millones por inundaciones. El mismo organismo identificó que alrededor de 5.9 millones de hectáreas agrícolas enfrentan niveles altos o muy altos de riesgo por huaicos, mientras que 1.5 millones de hectáreas corren peligro por inundaciones. En conjunto, se estima que cerca de 7.4 millones de hectáreas están expuestas a impactos severos. De estos, 3.2 millones se encuentran en riesgo muy alto, lo que implica una afectación directa en zonas clave de producción.
Para el lector peruano, estos datos no solo son un indicador climático, sino una advertencia sobre la vulnerabilidad de la cadena productiva nacional. Aunque el sector agropecuario representa una parte importante de la economía, su sensibilidad ante condiciones climáticas extremas pone en riesgo la estabilidad de precios, la seguridad alimentaria y la rentabilidad de pequeños productores. Las comunidades rurales, muchas de ellas en zonas de estiaje, enfrentan una ruptura en sus ciclos productivos, mientras que el gobierno debe evaluar mecanismos de apoyo ante eventos climáticos inesperados. La importancia de esta situación radica en que, sin intervenciones estratégicas, el impacto podría afectar no solo la producción, sino también el poder adquisitivo de millones de familias que dependen de la agricultura. En este contexto, la vigilancia del clima y la preparación ante desastres deben ser acciones prioritarias, no solo para proteger el medio ambiente, sino para garantizar la resiliencia económica del país.