Segun Gestión Tu Dinero, las instituciones financieras en Perú han implementado nuevas normas para proteger a los deudores afectados por el fenómeno climático El Niño. Estas medidas permiten a los usuarios de créditos que enfrentan una reducción temporal de su capacidad de pago acceder a reprogramaciones sin que se vea afectada su calificación crediticia. El plazo de atraso aceptado para este tratamiento especial se amplía a hasta 30 días, un límite superior al de 15 días que se aplicaba en el régimen general. Esta flexibilidad se extiende a personas y empresas ubicadas en zonas declaradas en emergencia por condiciones climáticas extremas, así como a sectores económicos que también hayan sido identificados como vulnerables.
La decisión se fundamenta en que, durante crisis climáticas, los hogares y pequeñas empresas suelen tener que reorganizar sus gastos para cubrir necesidades básicas. Walter Rojas, gerente central de Negocios de Caja Cusco, señaló que estas circunstancias obligan a priorizar el consumo esencial, lo que puede impactar directamente en el cumplimiento de pagos. Cada entidad financiera deberá realizar una evaluación individual y documentada de cada caso, para determinar si el cliente realmente ha sido impactado por el fenómeno y si posee la capacidad de recuperarse en el futuro. Esta revisión no solo debe analizar el atraso, sino también las condiciones específicas del caso.
A pesar de la ampliación del plazo, es posible que algunos casos superen los 30 días por razones operativas, como procesos de evaluación o reprogramación que requieran más tiempo. En tales casos, las instituciones deben justificar por escrito la excepción, mostrando claramente las causas que justifican el atraso y el proceso de revisión que se llevó a cabo. Esta exigencia asegura que la intervención no se vuelva un mecanismo generalizado, sino un proceso riguroso y basado en evidencia.
Para el lector peruano, este marco es especialmente relevante, dado que el 70% de las zonas afectadas por El Niño se encuentran en regiones del norte y centro del país, donde el sector agropecuario y las actividades comerciales locales son sensibles a las variaciones climáticas. Muchas familias en estas áreas dependen de créditos para mantener sus operaciones diarias. Con estas normas, se ofrece una protección real, permitiendo que las personas no pierdan su historial crediticio por circunstancias fuera de su control. Sin embargo, el cumplimiento de las condiciones de evaluación implica que el proceso no será automático, y que los ciudadanos deben estar preparados para presentar documentación que respalde su situación. Así, el acceso a este beneficio no solo es posible, sino que también exige transparencia y responsabilidad por parte de las instituciones financieras.