Según Gestión, la Comisión multisectorial encargada del análisis del fenómeno El Niño (Enfen) mantuvo un nivel de “alerta” en su último informe, previendo que el evento costero continúe hasta abril de 2027. El organismo señala que es altamente probable que el fenómeno persista con magnitud fuerte, aunque no se descarta que en fines del año se intensifique hasta niveles extraordinarios. Esta evolución climática ya ha generado impactos significativos en sectores clave del país. En agricultura, se han registrado afectaciones en cultivos como aceituna, limón, mango y uva. Aunque se han registrado dificultades en la agroexportación, se estima que los precios podrían amortiguar parte de las pérdidas. La recuperación de la producción agrícola, tras una caída impulsada por el Enfen, podría superarse en el año siguiente.
En el sector pesquero, el fenómeno ha reducido la disponibilidad de anchoveta y ha comprometido el rendimiento general de las actividades pesqueras. En el transporte, las lluvias intensas han interrumpido el flujo vehicular en la costa norte. El sector retail moderno también enfrenta vulnerabilidades operativas ante condiciones climáticas extremas. Macroconsult, al evaluar el escenario para 2027, identifica que el mayor peligro para la actividad productiva será el aumento de lluvias intensas. En este contexto, el crecimiento económico podría verse afectado en dos puntos porcentuales en 2027, tras una disminución previa de 0.5 puntos porcentuales en 2026. La presión inflacionaria también se intensificaría como consecuencia.
El impacto económico total del El Niño costero en el PBI podría alcanzar entre 4 mil y 8 mil millones de dólares estadounidenses en 2027, dependiendo de si se presenta un evento fuerte o extremo. Esta cifra se refiere al flujo de producción, no al stock total de la economía. La magnitud del riesgo se concentra en el Pacífico central, donde el calentamiento del océano se ha acelerado, y en la costa peruana, donde las condiciones climáticas han generado consecuencias directas.
Para los peruanos, este escenario evidencia que la dependencia de sectores agrícolas y pesqueros frente a condiciones climáticas volátiles representa un riesgo estructural. Aunque el país cuenta con mecanismos de mitigación, la vulnerabilidad de la cadena productiva a fenómenos naturales intensos pone en juego la estabilidad de ingresos y empleo en regiones clave. Los consumidores, en especial en zonas costeras, podrían enfrentar fluctuaciones en precios y disponibilidad de productos básicos. Es fundamental que las políticas públicas incorporan estrategias de adaptación climática para proteger la economía y garantizar la sostenibilidad de los sectores más afectados.