Según Gestión, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha señalado que durante el verano 2026-2027 es más probable que el fenómeno alcance una intensidad fuerte, comparable a la registrada en 2017. Ese año, las pérdidas alcanzaron más de US$ 3.000 millones, con casi la mitad correspondiendo a daños en infraestructura vial. Hace nueve años, desbordes, inundaciones y huaicos destruyeron alrededor de 4.000 kilómetros de carreteras, afectaron otros 10.000 kilómetros, colapsaron cerca de 493 puentes y dañaron mil más, generando pérdidas que representaron el 1,6% del PBI de la época. Aunque actualmente se mantiene la alerta por el El Niño Costero, el Enfen proyecta lluvias leves y caudales de ríos dentro de niveles normales. La mayor preocupación se centra en el próximo verano, cuando el fenómeno podría intensificarse y coincidir con el periodo de lluvias más pronunciado del año.
Ositrán, el organismo encargado de supervisar infraestructura vial, ha respondido a consultas sobre la preparación de sus carreteras frente a un evento de magnitud fuerte. Actualmente, el organismo supervisa 17 concesiones viales, la mitad de las cuales se localizan en la franja costera, distribuidas en tramos de la carretera Panamericana y en rutas de penetración como las IIRSA. La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, explicó que los contratos de concesión incluyen mecanismos que permiten a los operadores responder rápidamente ante eventos naturales como el El Niño. Estos acuerdos permiten una reactivación inmediata de servicios, asegurando la recuperación de la transitabilidad vehicular en tiempo reducido. Además, el modelo de concesión brinda a los operadores la capacidad de actuar con autonomía en situaciones de emergencia, lo que favorece una gestión más ágil frente a desastres naturales.
Para los habitantes del Perú, especialmente en zonas costeras, esta información es crítica. La vulnerabilidad de las vías principales —como las que conforman la Panamericana— ante fenómenos climáticos intensos representa un riesgo directo a la movilidad, el comercio y la seguridad. Si bien el sistema de concesión permite una respuesta rápida, el cumplimiento de estas medidas depende de la capacidad de los operadores, la inversión en mantenimiento y la coordinación con autoridades locales. El hecho de que el verano 2026-2027 sea una ventana de alto riesgo exige que los ciudadanos estén informados y que las instituciones evalúen su capacidad de respuesta. Los datos históricos indican que los impactos pueden ser severos, y una mala preparación podría repetir pérdidas que ya han sido registradas. Por ello, la vigilancia constante y el fortalecimiento de planes de contingencia deben ser prioridades para proteger tanto la infraestructura como el bienestar de la población.