Según Gestión, el fenómeno El Niño entre enero y marzo de 2027 amenaza con provocar un déficit hídrico crítico en múltiples regiones del Perú, generando condiciones extremas que afectarán tanto a la población como a infraestructuras y actividades económicas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) proyecta que en la costa norte y centro, así como en la sierra noroccidental, las precipitaciones superarán los promedios históricos asociados al fenómeno. En la costa sur y la sierra centro occidental, se esperan lluvias dentro de los niveles normales o ligeramente superiores. Sin embargo, en la sierra centro oriental y la sierra sur occidental, las lluvias se mantendrán entre normales e incluso por debajo del promedio, mientras que en la sierra sur oriental se prevén condiciones pluviales significativamente inferiores a lo habitual.
El gobierno ha reforzado su respuesta ante esta crisis mediante el Decreto Supremo N° 140, que declara estado de emergencia en 17 departamentos por riesgo inminente de escasez de agua. Este aviso se suma al D.S. N° 116-2026-PCM, emitido en agosto, que ya activó emergencia en 15 regiones por un periodo de 60 días. La situación se agudiza en los reservorios nacionales: de los 18 monitoreados por Senamhi, ocho se encuentran por debajo del 50% de su capacidad. Entre ellos, San Lorenzo (Piura) al 36,5%, Tinajones (Lambayeque) al 20,99%, Viconga (Lima) al 10,53%, Lago Junín al 37,81%. En Arequipa, el Dique Los Españoles registra solo 15,4% y El Frayle 37,88%. En Cusco, El Pañe se sitúa en 36,24%, y en Tacna, Paucarani al 40%.
El impacto en el suministro de agua potable es inminente, especialmente en zonas que dependen de embalses para su abastecimiento. La escasez amenaza no solo a las ciudades, sino a comunidades rurales y a sectores productivos que requieren agua para su funcionamiento. Aunque las lluvias se esperan en ciertas zonas, la distribución desigual de precipitaciones dificulta una respuesta equilibrada. En este contexto, el gobierno establecerá albergues para atender a 30 mil personas afectadas, priorizando el acceso a vivienda, agua y servicios básicos.
Para los peruanos, este escenario revela una vulnerabilidad estructural en la gestión hídrica del país. Muchas regiones ya operan con reservas críticas, y sin intervenciones inmediatas —como inversiones en infraestructura o políticas de gestión más eficientes—, la crisis podría profundizarse. Los ciudadanos deben estar alerta: el consumo responsable del agua, el monitoreo de alertas oficiales y el apoyo a iniciativas de resiliencia son acciones clave. La situación también refuerza la necesidad de planes de contingencia que no dependan únicamente de condiciones climáticas, sino de estrategias sostenibles de gestión hídrica.