Segun CNBC Markets, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el jueves una medida jurídica bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que establece tarifas sobre 60 economías por no imponer ni enforces prohibiciones sobre bienes producidos con trabajo forzado. Las tasas aplicadas son del 10 por ciento para socios que ya han adoptado o comprometido sanciones importadoras, y del 12,5 por ciento para aquellos que no lo han hecho. Este ajuste abarca a los principales socios comerciales de Estados Unidos y representa el 99,4 por ciento de las importaciones norteamericanas. La medida sustituye a un impuesto temporal del 10 por ciento, previamente establecido bajo el artículo 122 de la Ley de Comercio, que caducará el 24 de julio, tras una decisión del Tribunal Supremo que declaró ilegal el uso de poderes de emergencia por parte de Trump en 2026.
La postura de varios países de la región ha sido clara: Australia, China (incluyendo Hong Kong), Singapur y Corea del Sur han sido afectados por el incremento de 12,5 por ciento en sus importaciones. En este caso, el gobierno estadounidense argumenta que estas naciones no han impedido que productos con trabajo forzado ingresen al mercado norteamericano. Por otro lado, Malasia, Taiwán, Indonesia e India siguen bajo una tarifa adicional del 10 por ciento. Un analista senior de la Economist Intelligence Unit, Tianchen Xu, indicó que el impacto en las economías asiáticas será escasamente significativo, debido a que muchos productos electrónicos —desde dispositivos domésticos hasta chips— han sido históricamente excluidos de estas tarifas bajo el segundo gobierno de Trump.
La posición de Australia fue explícita: el ministro de Comercio, Don Farrell, expresó que las políticas del país para combatir el trabajo forzado y la esclavitud moderna son "entre las más sólidas del mundo" y que su liderazgo es reconocido incluso en Estados Unidos. El gobierno estadounidense, sin embargo, no ha validado estas afirmaciones como suficientes para evitar la aplicación de sanciones. La medida busca fortalecer la base legal de las tarifas, especialmente frente a decisiones judiciales que han cuestionado anteriormente la legitimidad de los impuestos impuestos bajo poderes de emergencia.
Para los consumidores y empresas peruanas, este escenario implica una posible reconfiguración de los flujos comerciales globales. Aunque el impacto directo en el mercado peruano podría ser limitado, los precios de bienes tecnológicos y de consumo podrían aumentar si se reducen las exportaciones o se intensifican las barreras. Además, el enfoque de Estados Unidos en la regulación del trabajo forzado podría impulsar una mayor exigencia internacional de transparencia en cadenas de suministro. Para el sector peruano, es crucial mantener buenas relaciones comerciales y asegurar que sus productos cumplan con estándares internacionales, especialmente en sectores como la tecnología y la manufactura.