Segun Gestión, el proceso concursal de Doe Run Perú, iniciado en 2012 y aún en fase de liquidación ordinaria, enfrenta una nueva ola de sanciones administrativas por el manejo de gastos. La Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una resolución en agosto, que amplía la fiscalización de gastos de la firma Consultores A-1, liquidadora encargada desde el 26 de enero de 2022 hasta diciembre de 2024. Esta decisión se suma a una sanción previa de febrero de 2025, que ya había identificado desembolsos sin justificación en abril, mayo y junio de 2022, con un monto estimado de US$ 600,000.
La nueva resolución amplía el periodo de revisión hasta septiembre de 2023, cubriendo casi 18 meses. Durante ese tiempo, se detectaron gastos sin sustento que, en conjunto, superan los US$ 10 millones. La resolución sanciona dos conductas específicas. La primera, vinculada al cobro excesivo de honorarios fijos mensuales, alcanza un total de US$ 1.728, con una multa de 1.52 UIT. La segunda se refiere a la ausencia de justificación en el uso de recursos, lo que evidencia una falta de transparencia en el control financiero del proceso.
Estas acciones no representan un incidente aislado. Como señaló Adrián Simons Pino, socio fundador de Simons De Noriega y representante de la empresa Depósitos Químicos Mineros (DQM), el comportamiento de Consultores A-1 es recurrente. La primera sanción, ya presentada en 2025, fue parte de un examen inicial que reveló irregularidades en el manejo de fondos. Ahora, la ampliación del periodo de revisión sugiere que el problema persiste y se profundiza en el tiempo.
Para los inversores y empresas peruanas que operan en sectores de infraestructura o minería, este caso ofrece una advertencia clara. Las entidades que gestionan activos en proceso de liquidación deben garantizar un control riguroso de gastos, con documentación completa y transparencia. La ausencia de registros verificables puede resultar en sanciones administrativas que impactan no solo a la firma, sino también a sus acreedores. En un contexto donde el cumplimiento de normas financieras es clave para la confianza del mercado, este caso resalta la importancia de mecanismos de supervisión interna y externa.
Los peruanos que invierten en empresas o participan en procesos de reestructuración deben estar atentos a la calidad de los informes financieros y a la historia de gestión de cada entidad. Una falta de control puede generar consecuencias que van más allá de las cifras, afectando la estabilidad de las operaciones y la percepción del mercado.