Según Gestión Tu Dinero, la ley Nº 27157 establece que los propietarios de condominios pueden definir libremente la cuota de mantenimiento mensual, siempre que dicha norma quede registrada en el Reglamento Interno del edificio. Este documento, publicado en 2006, ofrece ejemplos de criterios para la fijación de la cuota, como el espacio físico ocupado por cada unidad, la demanda de servicios, el número de personas que viven en cada departamento o la accesibilidad de las áreas comunes.
La mayoría de los condominios optan por establecer la cuota en función del tamaño de las unidades exclusivas. Esto implica que los propietarios con áreas mayores deberán contribuir con montos mayores, garantizando una distribución proporcional de los gastos comunes. El especialista Luis Francisco Paz de Miranda Amado subraya que el Reglamento Interno es el mecanismo que vincula a todos los propietarios, ya que define las reglas que deben seguirse en cada caso.
En algunos casos, los condominios adoptan un enfoque híbrido. Por ejemplo, se puede fijar una base según el tamaño de la unidad, y añadir una contribución extra por servicios especiales, como el acceso a áreas de recreación o servicios de seguridad. Este modelo permite que los residentes que usan servicios adicionales paguen un monto complementario, sin alterar el principio fundamental de equidad en el costo compartido.
Para los propietarios peruanos, este marco legal ofrece claridad sobre cómo se distribuyen los gastos comunes en sus viviendas. Dado que muchos edificios en el país fueron construidos bajo el sistema de condominio, entender cómo se calcula la cuota permite tomar decisiones informadas al momento de firmar el contrato de propiedad o al participar en modificaciones del reglamento. Además, al tener acceso a la normativa vigente, los dueños pueden exigir transparencia en los gastos, evitando que las cuotas se ajusten arbitrariamente.
El hecho de que el Reglamento Interno sea el documento que rige esta distribución es clave. No solo asegura que el proceso sea colectivo y democrático, sino que también permite que cada propietario se sienta responsable y acompañado en su contribución. En un contexto donde el manejo de los gastos comunes es frecuentemente objeto de tensiones, esta estructura legal ofrece un fundamento sólido para la convivencia entre los habitantes.