Según Gestión Tu Dinero, hasta el 31 de diciembre de 2026, los trabajadores del sector privado podrán retirar el 100% de los fondos acumulados en sus cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) sin necesidad de justificación. Esta libertad aplica tanto a los depósitos previos como a los nuevos abonos que realicen los empleadores durante el periodo de vigencia de la disposición extraordinaria. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2027, la ley establece un límite: solo se permitirá el retiro de hasta el 50% de los fondos depositados, incluyendo intereses acumulados. Cualquier aporte realizado tras noviembre de 2026 será sometido a esta nueva regla, lo que implica una reducción de la flexibilidad financiera que hasta entonces existía.
El cambio en la política de retiro de CTS no es solo una modificación técnica, sino una transformación estructural en el manejo de los recursos de los trabajadores. Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, señala que esta medida, aunque puede estimular el gasto en el corto plazo, pone en riesgo la capacidad de los hogares para enfrentar crisis económicas o despidos laborales. Históricamente, los trabajadores contaban con dos pilares de seguridad: los ahorros en CTS y los fondos de jubilación en sus planes previsionales. Con los retiros recurrentes de fondos de AFP en los últimos años, muchos ya han reducido sus reservas futuras. Si ahora se eliminan también los fondos de CTS de forma permanente, la protección frente a contingencias se debilita.
Para los peruanos, este escenario representa un cambio profundo en la estructura de protección financiera del trabajo. Muchos empleados, especialmente en sectores con baja estabilidad, dependen de sus cuentas de CTS como un mecanismo de respaldo ante la pérdida de empleo. Al limitar el acceso a esa herramienta, se vulnera una de las garantías más básicas que tienen los trabajadores. En un entorno donde el desempleo y las crisis económicas pueden surgir de forma abrupta, la pérdida de esta autonomía puede generar un impacto directo en la vulnerabilidad de las familias. Aunque el gobierno busca estimular el consumo, el costo social de una política que desvirtúa los ahorros individuales debe ser evaluado con rigor.
El riesgo no está solo en el monto retirado, sino en el efecto acumulativo de una cultura financiera que prioriza el gasto hoy en lugar de la preparación para el futuro. En un país donde aún se mantienen altos niveles de pobreza y desigualdad, fortalecer mecanismos de protección para los trabajadores debe ser una prioridad. La CTS, como herramienta de estabilidad, no debe ser objeto de una política de corto plazo que priorice el crecimiento económico a costa de la seguridad financiera de los ciudadanos.