Según Gestión, Cosco Shipping Ports ha mantenido una postura firme frente a las acciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), rechazando la intervención del regulador en el operativo del puerto de Chancay. La empresa argumenta que el terminal, construido con inversión privada, no debe estar bajo supervisión directa de una autoridad que, según su criterio, solo debería intervenir en activos estatales en concesión. En una declaración durante ExpoMina 2026, José Ignacio de Romaña, director del puerto peruano, destacó que la existencia de competencia entre Chancay y el terminal de Callao impide que Ositrán ejerza control regulatorio. “Si hay competencia, entonces no se aplica la regulación”, señaló, reforzando que la aplicación de un régimen de supervisión podría generar costos adicionales para empresas importadoras.
El caso se profundiza en la realidad operativa: antes de que Chancay se convirtiera en un nodo clave, las compañías importaban materiales por el terminal de Callao, trasladándolos a regiones como Huaral. Hoy, al tener disponible el puerto de Chancay en la misma ruta, ciertos operadores han optado por usar sus servicios, generando una competencia real entre ambos nodos. Esta dinámica, argumenta Cosco, invalida cualquier base jurídica para que Ositrán imponga tarifas o costos adicionales. De hecho, el representante del operador recalca que el régimen actual exige una cuota del 1% sobre las ventas, lo que traduce un incremento en los precios para los consumidores finales. “Cobrar 1% más a todos los bienes importados y exportados es un perjuicio colectivo para los peruanos”, afirmó.
Desde la perspectiva del mercado peruano, esta disputa no solo afecta el funcionamiento de un puerto, sino también el costo de los bienes que llegan al país. Si se aprueba una regulación que imponga tarifas por uso del puerto, podría incrementar los precios de productos esenciales, especialmente en zonas rurales donde el acceso a mercancías depende de rutas portuarias. Además, el crecimiento del puerto de Chancay —que en 2025 movilizó 342,000 contenedores y 1.2 millones de toneladas— indica una demanda creciente que debe gestionarse sin aumentar la carga fiscal sobre los usuarios. Aunque la expansión del terminal está en curso, el debate sobre quién debe regular su funcionamiento puede tener efectos profundos en la competitividad de los mercados internos.
Para el cierre de 2026, se espera que el puerto continúe ampliando su capacidad, pero sin que se generen nuevos costos que impacten a los consumidores. En un contexto donde el acceso a bienes importados es clave para la economía peruana, mantener un equilibrio entre regulación y competitividad será fundamental para garantizar precios justos y sostenibles.