Segun Gestión, una cuestión clave en el ámbito laboral ha sido reabierta por la Corte Suprema de Justicia: si el plazo de cinco años para conservar registros de asistencia laboral implica que el empleador puede evadir su obligación de presentar documentación ante un juez. El caso se originó en una demanda por horas extras trabajadas por un empleado entre 1991 y 2020, durante la cual alegó que fue expuesto a jornadas extendidas sin recibir compensación adecuada. En primera instancia, un juez rechazó el reclamo por falta de pruebas sólidas y por la ausencia de registros completos. Sin embargo, la Corte Superior revocó esa sentencia, señalando que la empresa no presentó los registros de asistencia de todos los años reclamados, lo cual debía ser evaluado como un defecto en su presentación.
La Corte Suprema analizó si esa norma administrativa, diseñada para facilitar el archivo documental, podría usarse como excusa para que el empleador no deba colaborar con el poder judicial en un proceso laboral. La conclusión fue clara: las disposiciones de cinco años no tienen como objetivo proteger al empleador de la responsabilidad de exhibir información cuando se requiere en un juicio. En ese sentido, si el trabajador aporta indicios razonables de haber trabajado horas extras fuera de la jornada normal y el empleador no entrega los registros alegando que han vencido los cinco años, esta conducta puede ser evaluada por el juez como un acto de evasión.
El marco jurídico establece que la carga de prueba recae en el trabajador, pero no se extiende a la inexistencia de evidencias por parte del empleador. Si el empleador no muestra los registros, aunque el plazo haya expirado, su inacción puede ser interpretada como una falta de buena fe. Esto implica que el juez tiene legitimidad para considerar el caso en su totalidad, incluso sin tener acceso a todos los documentos, siempre que existan indicios suficientes de que el trabajo fue realizado fuera del horario estándar.
Para los trabajadores peruanos, este fallo representa una herramienta de protección frente a prácticas laborales que intentan ocultar jornadas prolongadas. Muchos empleados en sectores informales o de bajo salario enfrentan condiciones de trabajo sin registro formal, lo que dificulta su acceso a derechos como el pago de horas extras. Este juicio señala que incluso en ausencia de registros completos, el sistema laboral debe permitir que las denuncias se revisen con rigor, especialmente cuando los trabajadores han mantenido una presencia continua en su puesto durante décadas. La decisión no solo fortalece la legitimidad de los reclamos, sino que también obliga a las empresas a revisar sus prácticas de documentación y transparencia, en un contexto donde la justicia laboral debe ser accesible y efectiva para todos.