Según Gestión, el debate sobre los "contratos ley" en la campaña electoral del domingo 7 de junio ha vuelto a ser un punto de tensión entre Juntos Por el Perú y Fuerza Popular. Mientras el primer partido propone revisar o eliminar estos acuerdos, el segundo defiende su cumplimiento, destacando las garantías que estos instrumentos ofrecen. Aunque no emplea el término oficial, Fuerza Popular subraya el valor de los mecanismos jurídicos que protegen las inversiones.
Los "contratos ley" no constituyen un documento específico, sino una categoría jurídica establecida en el artículo 62 de la Constitución peruana. Su propósito es fomentar la estabilidad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros en ámbitos tributarios, laborales y financieros, incluyendo el tipo de cambio. Esta estabilidad se traduce en prácticas concretas, como los Convenios de Estabilidad Jurídica (CEJ), gestionados por ProInversión. Desde 1993, se han firmado cerca de 1.100 CEJ, con un compromiso de inversión superior a los US$ 32 mil millones. Estas iniciativas abarcan sectores diversos, desde energía hasta infraestructura. Cada CEJ cuenta con una vigencia mínima de 10 años, que puede extenderse. En asociaciones público-privadas (APP), la duración coincide con el periodo contractual, que no supera los 60 años.
Este marco legal tiene un peso significativo en el entorno empresarial. Los inversores, especialmente en sectores de largo plazo, dependen de estos acuerdos para planificar proyectos. Alterarlos podría generar incertidumbre, afectando la toma de decisiones de inversión. En el contexto peruano, donde la economía enfrenta desafíos de crecimiento y estabilidad, el cambio en estos acuerdos podría desencadenar una reevaluación de proyectos que ya han sido aprobados.
Para el lector peruano, este tema no es solo una cuestión política. Cada vez más, las decisiones gubernativas influyen directamente en el entorno empresarial local. Si se modifica el marco de estabilidad jurídica, empresas que han invertido en infraestructura, tecnología o servicios podrían ver sus planes retrasados o cancelados. Los sectores más vulnerables, como el desarrollo regional o el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, serían particularmente afectados. Además, el impacto en empleos formales podría alcanzar casi 900.000 puestos, como se ha estimado en estudios recientes. Este número no es una cifra aislada, sino una señal de que el equilibrio entre política y economía es clave. En un país donde la creación de empleos es un pilar central, cualquier cambio en la regulación de inversiones debe ser evaluado con profundidad y transparencia.