Segun Gestión, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, involucrando a ProInversión, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El organismo de control señaló que ProInversión validó y firmó un contrato sin que los representantes de Terminales Portuarios Chancay S.A. hayan presentado la documentación jurídica necesaria para autorizar la firma. A través de cinco adendas posteriores, la empresa logró mantenerse bajo un régimen tributario especial, lo que le permitió acceder a una recuperación anticipada del IGV y recibir devoluciones por un monto de S/ 527,8 millones.
La APN aprobó el expediente técnico y otorgó habilitaciones portuarias, aun cuando existen discrepancias entre el diseño del proyecto y la certificación ambiental vigente, especialmente en relación con el trazado del túnel. El informe destaca que el documento técnico no incluyó la medida ambiental conocida como sistema de geotubos, y que no se implementaron acciones oportunas al ejecutar el túnel por una trayectoria distinta a la autorizada. En el caso del MTC, se identificó que la entidad no realizó una evaluación técnica completa de los hallazgos ambientales derivados de supervisión, incluyendo la modificación del trazado, la suspensión del trasvase de arena y el estado de los geotubos. Esta omisión afectó la capacidad de aplicar sanciones adecuadas ante posibles incumplimientos ambientales.
Para abordar estos hallazgos, la Contraloría recomienda que la Procuraduría Pública instite acciones civiles por los contratos de inversión y por el beneficio tributario concedido. Además, solicita que se remitan los resultados a las instituciones competentes para que se evalúen las consecuencias jurídicas y regulatorias.
Para los peruanos, este caso es un recordatorio clave sobre la necesidad de transparencia en proyectos de infraestructura. Muchos proyectos de desarrollo portuario y de transporte dependen de inversiones públicas y privadas, y su cumplimiento ambiental y legal no solo protege el medio ambiente, sino que también afecta la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones. En un contexto donde el crecimiento económico se vincula al desarrollo sostenible, el cumplimiento de normas ambientales y contables no es opcional, sino fundamental para garantizar que los beneficios se distribuyan de manera equitativa y que los recursos públicos se utilicen de forma responsable. El caso de Chancay pone de manifiesto que, sin vigilancia rigurosa, los riesgos pueden derivarse en pérdidas de recursos, impactos ambientales y pérdida de credibilidad institucional.