Segun Gestión Tu Dinero, una congresista peruana ha impulsado un proyecto legislativo que permitiría a los afiliados a las AFP retirar hasta 22,000 soles —equivalente a cuatro unidades de inversión (UIT)— en un periodo de 90 días. El proyecto, número 14559/2025-CR, fue presentado por la diputada Margot Palacios y se enmarca en una respuesta a la presión económica actual. La propuesta se sitúa dentro de un contexto de creciente vulnerabilidad financiera, alineada con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En 2025, el porcentaje de población afectada por pobreza monetaria se elevó al 25.7%, aunque este indicador mostró una reducción respecto a 2024, cuando afectaba a 567 mil personas.
A pesar de esta mejora, Palacios destaca que la realidad sigue siendo crítica, especialmente en zonas rurales. Más del 25% de los peruanos no logra cubrir el costo de la canasta básica de consumo, que en 2025 asciende a 462 soles. Esta brecha entre ingresos y gastos alimenta la necesidad de soluciones flexibles. La propuesta no busca eliminar el ahorro previsional, sino reforzar su accesibilidad en momentos de urgencia. El análisis de la legisladora apunta a que, cuando los ingresos se ven limitados por factores estructurales, el derecho a acceder a recursos personales en forma voluntaria y excepcional debe ser reconocido desde el punto de vista constitucional.
Este tipo de iniciativa se inscribe en una línea de propuestas similares que ya circulan en el Congreso, como la presentada por Guido Bellido este mes y otra por Américo Gonza en febrero. Aunque todas tienen objetivos paralelos, el enfoque de Palacios se centra en la conexión entre condiciones económicas reales y el derecho de los ciudadanos a proteger su estabilidad financiera. La iniciativa no es una medida aislada, sino parte de un debate más amplio sobre cómo las instituciones de prevención deben adaptarse a contextos de inflación y desigualdad creciente.
Para el lector peruano, este proyecto resalta una realidad cotidiana: muchas familias enfrentan dificultades para cubrir gastos esenciales, incluso cuando tienen ahorros en AFP. Aunque el acceso a estos fondos está regulado, la creciente presión de costos de vida pone en evidencia la necesidad de mecanismos que permitan a los ciudadanos gestionar sus recursos de forma más ágil. Sin embargo, es clave que cualquier cambio en las políticas de retiro se haga con rigor regulatorio, para evitar que se debilite la seguridad a largo plazo de los ahorros. El equilibrio entre flexibilidad y sostenibilidad sigue siendo el mayor desafío en este tipo de reformas.