Segun Gestión, el Congreso de la República aprobó un crédito suplementario de casi S/ 10,000 millones para el desarrollo de la Nueva Carretera Central (NCC). La decisión, tomada el martes, ha generado tensiones en el Gobierno Regional de Junín, que ha expresado su malestar por la falta de asignación de fondos para el inicio de las obras. La entidad destaca que el proyecto tiene reconocimiento legal como de interés nacional, conforme a una norma previamente aprobada, lo cual impone una obligación de prioridad en el ejecutivo y legislativo.
El Gobierno Regional de Junín ha señalado que la infraestructura beneficiará a más de 11 millones de habitantes, mejorará la conectividad entre la costa y el centro del país y servirá como pilar para el crecimiento económico. En este contexto, la entidad exigió a las autoridades nacionales, incluyendo al presidente José María Balcázar, al presidente del Congreso Fernando Rospigliosi y al ministro Aldo Prieto, una explicación detallada sobre el retraso en el inicio de las obras. Además, instó al gobierno entrante liderado por Keiko Fujimori a implementar medidas presupuestarias que permitan la ejecución inmediata del proyecto.
Los representantes electos por Junín y por las regiones de la Macro Región Centro se reunirán de forma urgente para definir una línea de acción conjunta. El objetivo será coordinar con el Poder Ejecutivo la recuperación del monto destinado, en una medida que evite futuros retrasos. El mensaje central es claro: la región no aceptará que una obra estratégica para el desarrollo nacional sea nuevamente postergada. Se reafirma el compromiso de defender, dentro del marco legal, el derecho de los peruanos a contar con una infraestructura segura, moderna y adaptada a las demandas del crecimiento económico.
Para los habitantes de las regiones centrales del Perú, este caso representa una alerta sobre la necesidad de que las decisiones presupuestarias no solo sean técnicas, sino también sociales. La Nueva Carretera Central no es solo una obra de infraestructura; es un eje de movilidad que afecta directamente el acceso a servicios, empleos y mercados. Si el proyecto se retarda, se vulnera el derecho de millones de personas a contar con transporte eficiente y seguro. En un contexto de crecimiento económico moderado y desigualdad regional, la ejecución oportuna de esta obra puede ser clave para acelerar el desarrollo en zonas que históricamente han sido menos conectadas. La presión por su inicio refleja una demanda colectiva que debe ser escuchada y atendida por el poder público.